Del odio y los "malos"

Proliferan últimamente por las redes manifestaciones de distintas personas, incluidas algunos cargos políticos, profiriendo mensajes de odio hacia los que tienen una ideología diferente de la suya.

La verdad es que asusta. Que alguien pueda desear la muerte de otro, simplemente por defender otras ideas distintas, no deja de situarnos ante una dimensión del ser humano que a veces tendemos a no considerar: la maldad. 

Venía yo reflexionando con Wang sobre esto y le contaba lo mucho que me cuesta trabajar con personas que están dañando a otras, muchas veces inconscientemente y otras con una clara conciencia del mal que están produciendo.

Para mí, el trabajo con estas personas (les adjetivaré inadecuadamente como “malas” para hacer más fácil la reflexión), es un reto central en mi ejercicio profesional. Los dilemas éticos y las dificultades técnicas en la intervención suponen un auténtico desafío.

¿Cómo trabajar con personas que, pongo por caso, son víctimas de una situación de violencia, o se encuentran en una situación de necesidad de otro tipo (subsistencia, vivienda, empleo, otros recursos…) y al mismo tiempo son capaces de infringir un profundo y consciente daño a miembros de su propia familia?

Porque en esta situación, como en todas, las cosas no son blancas o negras. Es infinita la gradación de grises que podemos encontrar, y cada uno de ellos requerirá de técnicas e intervenciones específicas.

En un pensamiento simplificador, las personas son buenas o malas. De este modo podemos dividirlas fácilmente en víctimas y agresores, competentes o negligentes, cooperadores o resistentes y así otro montón de categorías más.

Con el mismo pensamiento simplificador, la intervención también puede hacerse con la misma facilidad: proteger a la víctima-castigar al agresor, favorecer al competente-denegar al negligente, etc…

Pero las cosas, como digo, no son nunca tan claras. Con frecuencia vemos víctimas que a su vez son agresores, bien en el mismo u otro contexto. Personas que parecen víctimas cuando no lo son o personas que se comportan negligentemente en unos contextos y fuertemente competentes en otros que requieren de más capacidades que los primeros.

En mi experiencia, las personas son de una elevada complejidad, que no puede simplificarse en nuestras categorías diagnósticas. Y un trabajo de aceptación de esas personas “malas”, incluso de la parte “mala” de las personas “buenas”, es imprescindible. Comprender sus razones sin justificar (ni mucho menos permitir) sus acciones. 

El desafío de atender semejante diversidad requiere de fuertes competencias técnicas y de dominar un juego de alianzas y estrategias sin las cuales la intervención social no es más que un bienintencionado intento de resolver un problema.

Creo que ahí está la clave de lo que nos diferencia como disciplina científica frente a un activismo más o menos comprometido que puede desarrollar cualquier persona sin más equipaje que su sentido común o su buena voluntad.

Porque como bien me recuerda Wang, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Debates en la cuerda floja

La crisis del COVID ha traído a colación nuevos y no tan nuevos debates sobre a qué tenemos que dedicarnos en el Sistema de Servicios Sociales, que son, en el fondo, sobre la función social del mismo

Creo que todos estos debates giran en torno a la identidad del sistema, y a riesgo de simplificación excesiva, me atrevo a aventurar que lo hacen pivotando sobre dos grandes posturas, a las que se adscriben unos y otros profesionales en función de sus particulares paradigmas o modos de comprender la realidad social.

La primera es la que define que el Sistema de Servicios Sociales es el que se ocupa de grupos poblacionales concretos, en especial las personas desfavorecidas y vulnerables, (bien en situación de pobreza-exclusión o por necesidad de cuidados), a las que debe proveer de los recursos necesarios para que se palíe o se solucione su situación.

La segunda defiende que el sujeto de los Servicios Sociales es universal, dirigiéndose por tanto a toda la población, a la cual se ofrecen unos determinados servicios y funciones independientemente del grupo al que pertenezca o estrato socioeconómico en que se encuentre.

Hay, como en casi todas las realidades, una tercera posibilidad, un híbrido entre las dos anteriores que define que el Sistema se dirige a toda la población, pero especialmente a los colectivos vulnerables. Considero que es una postura que puede asimilarse a cualquiera de las dos anteriores, en función del contexto de análisis que se haga, así que, por el momento, prescindiremos de ella.

Las diferencias entre ambas son importantes, casi antagónicas. Mientras la primera plantea ocuparse de todo para algunos colectivos, la segunda pretende proporcionar sólo algunas cosas a toda la población.

Sólo a efectos de este análisis, denominaremos a la primera como posición INDICADA, mientras que nos referiremos a la segunda con el término UNIVERSAL.

En la posición INDICADA el Sistema de Servicios Sociales debe proveer a los grupos poblacionales citados de todos los recursos necesarios y a todos los niveles para garantizar la superación de la situación. Por tanto han de ocuparse de su supervivencia, de pagar sus facturas, buscarles trabajo, darles vivienda, ocuparse de sus problemas de relación, proporcionarles cuidados… De este modo el sistema queda definido por el colectivo al que atiende, de manera que el resto de sistemas pueden dejar de considerar a este colectivo como sujetos de su atención.

En la posición UNIVERSAL, el Sistema define las funciones que debe ofrecer a toda la población, independientemente del grupo poblacional o estrato socio-económico en que se encuentre. Una posición mucho menos desarrollada que la primera que intenta definirse en torno a ocuparse de los problemas convivenciales y relacionales del conjunto de la sociedad y de todos los grupos específicos de la misma.

De los riesgos de la primera hemos hablado profusamente. En especial de la relación entre la residualidad en la que queda el Sistema de Servicios Sociales con la desresponsabilización del resto de Sistemas de la Política Social y la ineficacia por tanto de esta última para solucionar los grandes problemas sociales.

En cualquier caso, el debate entre ambas está servido. De cómo lo hagamos dentro del Sistema dependerá la respuesta que demos a las problemáticas concretas que siempre hemos encontrado y que ahora esta crisis del coronavirus ha puesto de nuevo sobre la mesa.

Sólo a modo de ejemplo y por citar algunas que estos meses han estado en debate:

• ¿Es el Sistema de Servicios Sociales quien debe proporcionar cuidados médicos en las residencias de ancianos, o es el Sistema Sanitario quien debe proveerlos?

• ¿Es el Sistema de Servicios Sociales quien debe garantizar que los niños que no dispongan de medios tecnológicos puedan seguir la escolarización virtual y digital que la escuela ha tenido que desarrollar, o es responsabilidad del Sistema Educativo?

• ¿Es el Sistema de Servicios Sociales quien debe informar, tramitar y gestionar el nuevo Ingreso Mínimo Vital que ha puesto en marcha la Seguridad Social (Sistema de Garantía de Rentas), o es ésta misma quien debe hacerlo?

No son preguntas que se contesten negativa o afirmativamente. Hacerlo en un sentido o en otro dependerá de la posición indicada o universal que definamos para el Sistema.

Hasta ahora el paradigma dominante ha sido el Indicado. Así en las Leyes de Servicios Sociales éstos asumen una ingente e inasumible cantidad de funciones y responsabilidades a desarrollar pero sólo para algunos grupos poblacionales.

Tal vez esta crisis sirva para ir abandonando el mismo (ineficaz en el contexto histórico actual) y sustituirlo por el paradigma universal (lo cual requerirá de una nueva correlación de fuerzas en el global de la política social).

Veremos.

Cosas de pobres

Por fin se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital. Una prestación del Estado para la supervivencia material de las personas o, como se define en su Decreto Ley, garantizar la cobertura de las necesidades básicas a quien se encuentre en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes.

Sin duda es un avance en la Política Social, pues al configurarse como derecho subjetivo camina en la dirección de no condicionar la subsistencia a la realización de procesos de inclusión social. Y digo camina porque no lo consigue del todo. A lo largo de todo su complejo articulado subyacen los viejos paradigmas que definen la pobreza como un problema individual y no estructural de los que tanto cuesta desprenderse.

Algunas de las razones para que haya sido así las encontraréis en las entradas sobre "Lo que IMV esconde", en el blog de nuestra compañera Belén Navarro.

En entradas anteriores ya hemos hablado suficientemente que para que una Política Social sea eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y contribuya por tanto a la reducción de la desigualdad, ha de ser necesariamente UNIVERSAL Y NO CONDICIONADA. Este subsidio está lejos de todo ello, pero sí que supone una transferencia de rentas hacia los sectores más desfavorecidos que hasta ahora no se había conocido, intentando revertir la paradoja de que las rentas más altas reciban más en prestaciones sociales que las rentas más bajas.

En la capacidad que tenga este subsidio para desarrollarse en las dos dimensiones que he citado estará la clave de que pueda convertirse en la piedra angular de un verdadero Sistema Público de Garantía de Rentas o se convierta en una Renta Mínima disfrazada que no haga sino disgregar y complicar aún más un conjunto de prestaciones ya suficientemente dispersadas e ineficaces.

El Reglamento que va a desarrollarlo y el complicado encaje con las Rentas Mínimas Autonómicas serán los otros dos aspectos que determinarán los primeros pasos de esta nueva medida.

Como también será fundamental la postura que el Sistema Público de Servicios Sociales tome ante el mismo. No será fácil que se posicione en modo alguno, pues no en vano en este mismo blog he certificado la muerte de este Sistema en varias ocasiones. Las últimas a principios de este año, por ejemplo en la entrada "Ministerios y crespones", o un poco más atrás en ésta: "Coplas a la muerte de un sistema".

Como bien denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ello se ha puesto de manifiesto de nuevo en el reciente reparto de fondos sociales que va a realizar el Gobierno, donde a diferencia de Sanidad, Educación, o Rentas (IMV), el Sistema de Servicios Sociales no recibe fondo alguno. Enlace. Un sistema ninguneado y olvidado es un Sistema muerto.

Incapaz por tanto de reflexionar o tomar postura, los restos de este Sistema de Servicios Sociales asumen el riesgo de volver a situarse en esa posición residual (de la que algunos han hecho identidad) y lanzarse compulsivamente a informar y gestionar (o ayudar a gestionar, que para el caso es lo mismo), un IMV, que, como prestación de la Seguridad Social, debiera gestionarse fuera del Sistema.

El riesgo es importante porque, como digo, partes del sistema han generado cierta identidad en estas posiciones residuales en las que, si algún otro sistema no hace lo que debe, lo cubrimos nosotros. Y también porque hay quien piensa que las políticas de atención a la pobreza son responsabilidad exclusiva del Sistema de Servicios Sociales y no de la Política Social en su conjunto, considerando que gestionarlas en otras lugares descapitaliza el sistema, que queda sin una importante función sin la que algunos no lo entienden.

De este modo, si el Sistema de Seguridad Social no tiene músculo para gestionar este IMV, no hay duda de que se terminará haciendolo en el Sistema de Servicios Sociales, más o menos abiertamente, incluso si es necesario de contrabando. Oiremos profusamente aquello de que la administración local es la más cercana al ciudadano y los servicios sociales quien trabaja con el sector de población al que va dirigido el subsidio. Por tanto, qué más natural que se gestione en los Servicios Sociales Locales.

La paradoja está en que el Sistema de Seguridad Social sí tiene ese músculo. La gestión que hace de las prestaciones contributivas, por ejemplo una pensión de jubilación, es de probada rapidez y eficacia. ¿Porqué no ha de hacerse igual para el IMV, sin que los Servicios Sociales tengamos que intervenir?

Os lo diré.

Porque en el fondo, esto son cosas de pobres.