La tendencia que se viene consolidando en materia de subsistencia material de las personas, esto es, que las personas tengan unos medios para vivir dignamente y atender sus necesidades más básicas en materia de alojamiento y alimentación es que sea una especie de política multinivel y transversal a todas las áreas de la política social o incluso de coordinación con otras áreas como la política fiscal.
Ese modelo plantea que las sinergias entre las distintas políticas configuran un sistema de protección suficiente del que forman parte desde las prestaciones más institucionales, como las pensiones, prestaciones por desempleo o el reciente IMV, hasta los bancos de alimentos (con más o menos subvenciones públicas), pasando por las prestaciones de emergencia de los servicios sociales locales y otras ayudas y subvenciones más o menos finalistas de entidades locales o de otras áreas de la política social como las de vivienda o educación.
Y es un modelo que parece funcionar. Aunque los niveles de pobreza son muy altos, inexcusablemente altos, no nos encontramos en nuestro país con hambrunas generalizadas o grandes masas de población sin techo. Otra cuestión es el grado de sufrimiento que las personas padecen en las condiciones que soportan para tener comida y techo, pero salvo excepciones, son dos elementos accesibles.
Claro que un sistema tan complejo, con semejante multiplicidad de actores intervinientes, es algo difícil de coordinar y por ello tiene sus fallos. Digamos que aunque funcione, es alto el riesgo de que no proteja a alguien. Y en esas situaciones de falla, un sistema así puede tener dificultades para identificar la responsabilidad y por tanto de implementar medidas para corregirlas.
Por ello, en esa construcción histórica del sistema, hubo que buscar un actor que asumiera esa última responsabilidad. Y ahí aparecimos los Servicios Sociales locales, expertos en ocupar zonas de incertidumbre y siempre prestos a asumir lugares residuales.
Y con más o menos matices, las leyes y normativas fueron incorporando que el Sistema de Servicios Sociales debía garantizar las necesidades de subsistencia de la población. Explicitar este encargo social, seguramente en coherencia con el paradigma dominante (básicamente la garantía de derechos individuales), tuvo un gran impacto en el Sistema de Servicios Sociales y por ende, en el conjunto de la política social.
A mi juicio, una de sus repercusiones fue la disociación de la Atención Primaria de Servicios Sociales del resto de Sistema. Se relegó esta Atención Primaria a la función de atender la subsistencia. Y esta puerta de entrada quedó reducida a recibir la principal demanda que el Sistema recibe: dinero. Dinero para pagar las facturas, para alimentación o para pagar la vivienda.
Claro que el Sistema de Servicios Sociales tiene más cosas que hacer. Y ante el colapso de la Atención Primaria (ya hemos definido que el sistema de atención a la subsistencia tiene demasiados fallos que se decidió que ésta tenía que corregir) se fueron creando diferentes puertas de entrada y subsistemas (chiringuitos, los hemos denominado a veces, en una impropia caricatura) para atender esas otras cosas (violencia, problemáticas relacionales, prevención o inserción) obviando la función de la Atención Primaria como puerta de entrada general del Sistema.
Otra de las repercusiones importantes al asumir esa última responsabilidad (una de las definiciones frecuentes del Sistema de Servicios Sociales es denominarlo como la última red de protección social de las personas), fue el uso de las prestaciones económicas dentro del Sistema.
Prestaciones diseñadas para situaciones muy concretas, de carácter sobrevenido y no crónico, como las de urgencia o emergencia, tuvieron que generalizarse para atender situaciones permanentes y de forma periódica. Prestaciones diseñadas para favorecer la inserción tuvieron que rediseñarse para atender la subsistencia. Esta modificación conceptual fue, más que algo planificado, realizada de una manera reactiva a ese encargo social que se estaba asumiendo y ha supuesto numerosos problemas que aún no terminan de resolverse (por ejemplo la consideración como subvenciones de este tipo de ayudas, las limitaciones en cuantías o presupuestos de las mismas o la exigencia o no de contraprestaciones o condiciones de algún tipo).
Rediseñadas de esta forma, este tipo de prestaciones ha tenido efectos paradójicos, sobre todo al permitir que el resto de Sistemas puedan eludir sus responsabilidades y no tener que gestionar sus prestaciones de modo accesible, al mismo tiempo que han colaborado con la cronificación de muchas situaciones de pobreza, generando procesos de desresponsabilización y delegación con efectos bastante contrarios a los que se pudieran pretender.
Porque no siempre fue así. En el paradigma anterior la responsabilidad era de la propia persona, y los Servicios Sociales generábamos procesos, en primer lugar de diagnóstico, y posteriormente de acompañamiento en la búsqueda o reclamación de soluciones. En el nuevo paradigma la responsabilidad es exclusiva del profesional, que es quien debe proveer las soluciones tal y como la persona las plantee. Diagnóstico y prescripción han quedado anticuadas, sustituidas por certificación y acceso.
La epistemología que subyace en estos dos paradigmas es muy diferente y creo que la irrupción de la segunda ha hecho unos Servicios Sociales mucho más inefectivos.
Reflexiones al hilo de mi participación en el VIII Foro de Derechos Sociales de Zaragoza. Os dejo aquí el enlace en youtube con el debate completo .
