Cosas de pobres

Por fin se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital. Una prestación del Estado para la supervivencia material de las personas o, como se define en su Decreto Ley, garantizar la cobertura de las necesidades básicas a quien se encuentre en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes.

Sin duda es un avance en la Política Social, pues al configurarse como derecho subjetivo camina en la dirección de no condicionar la subsistencia a la realización de procesos de inclusión social. Y digo camina porque no lo consigue del todo. A lo largo de todo su complejo articulado subyacen los viejos paradigmas que definen la pobreza como un problema individual y no estructural de los que tanto cuesta desprenderse.

Algunas de las razones para que haya sido así las encontraréis en las entradas sobre "Lo que IMV esconde", en el blog de nuestra compañera Belén Navarro.

En entradas anteriores ya hemos hablado suficientemente que para que una Política Social sea eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y contribuya por tanto a la reducción de la desigualdad, ha de ser necesariamente UNIVERSAL Y NO CONDICIONADA. Este subsidio está lejos de todo ello, pero sí que supone una transferencia de rentas hacia los sectores más desfavorecidos que hasta ahora no se había conocido, intentando revertir la paradoja de que las rentas más altas reciban más en prestaciones sociales que las rentas más bajas.

En la capacidad que tenga este subsidio para desarrollarse en las dos dimensiones que he citado estará la clave de que pueda convertirse en la piedra angular de un verdadero Sistema Público de Garantía de Rentas o se convierta en una Renta Mínima disfrazada que no haga sino disgregar y complicar aún más un conjunto de prestaciones ya suficientemente dispersadas e ineficaces.

El Reglamento que va a desarrollarlo y el complicado encaje con las Rentas Mínimas Autonómicas serán los otros dos aspectos que determinarán los primeros pasos de esta nueva medida.

Como también será fundamental la postura que el Sistema Público de Servicios Sociales tome ante el mismo. No será fácil que se posicione en modo alguno, pues no en vano en este mismo blog he certificado la muerte de este Sistema en varias ocasiones. Las últimas a principios de este año, por ejemplo en la entrada "Ministerios y crespones", o un poco más atrás en ésta: "Coplas a la muerte de un sistema".

Como bien denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ello se ha puesto de manifiesto de nuevo en el reciente reparto de fondos sociales que va a realizar el Gobierno, donde a diferencia de Sanidad, Educación, o Rentas (IMV), el Sistema de Servicios Sociales no recibe fondo alguno. Enlace. Un sistema ninguneado y olvidado es un Sistema muerto.

Incapaz por tanto de reflexionar o tomar postura, los restos de este Sistema de Servicios Sociales asumen el riesgo de volver a situarse en esa posición residual (de la que algunos han hecho identidad) y lanzarse compulsivamente a informar y gestionar (o ayudar a gestionar, que para el caso es lo mismo), un IMV, que, como prestación de la Seguridad Social, debiera gestionarse fuera del Sistema.

El riesgo es importante porque, como digo, partes del sistema han generado cierta identidad en estas posiciones residuales en las que, si algún otro sistema no hace lo que debe, lo cubrimos nosotros. Y también porque hay quien piensa que las políticas de atención a la pobreza son responsabilidad exclusiva del Sistema de Servicios Sociales y no de la Política Social en su conjunto, considerando que gestionarlas en otras lugares descapitaliza el sistema, que queda sin una importante función sin la que algunos no lo entienden.

De este modo, si el Sistema de Seguridad Social no tiene músculo para gestionar este IMV, no hay duda de que se terminará haciendolo en el Sistema de Servicios Sociales, más o menos abiertamente, incluso si es necesario de contrabando. Oiremos profusamente aquello de que la administración local es la más cercana al ciudadano y los servicios sociales quien trabaja con el sector de población al que va dirigido el subsidio. Por tanto, qué más natural que se gestione en los Servicios Sociales Locales.

La paradoja está en que el Sistema de Seguridad Social sí tiene ese músculo. La gestión que hace de las prestaciones contributivas, por ejemplo una pensión de jubilación, es de probada rapidez y eficacia. ¿Porqué no ha de hacerse igual para el IMV, sin que los Servicios Sociales tengamos que intervenir?

Os lo diré.

Porque en el fondo, esto son cosas de pobres.