Pesadillas de verano

En este verano, cuando las amables temperaturas y el relajo propio de las vacaciones nos invitaba a la tranquilidad, nos hemos sobresaltado con varios sucesos que nos están dejando con el corazón encogido y una honda preocupación social.

Desde este blog no hemos comentado estos sucesos, pues la complejidad de los mismos requería de profundas reflexiones que ni Wang ni yo estábamos dispuestos a acometer en este periodo de estío. Pero ello no significa que no los hayamos presenciado, en ocasiones tristes, en otras perplejos, a veces enfadados y siempre preocupados.

De todas las pesadillas que hemos sufrido nos referiremos especialmente a tres, que creo que han marcado todo este periodo. Son, como digo, temas complejos sobre los que Wang y yo tenemos más dudas e incertidumbres que certezas y claridades. Al escribirlas y exponerlas en este blog sólo pretendemos, como siempre, intentar aclararnos un poco.

La primera noticia no puede ser otra que los atentados en Cataluña. Poco tenemos que añadir a lo que ya reflexionábamos hace poco sobre los atentados de Londres ocurridos el pasado mes de junio. Esta vez el terrorismo yihadista nos ha golpeado muy de cerca y, como decíamos entonces, esperamos ser capaces como sociedad de responder a la violencia sin violencia. Más allá del necesario incremento de las políticas de seguridad, hemos de apostar con más claridad por las políticas sociales de integración, igualdad y multiculturalidad. Sólo una sociedad donde los niveles de pobreza y desigualdad sean mínimos y la convivencia y comunicación entre culturas sea fluída y abundante será capaz, pongo por caso, de prevenir y detectar la radicalización de jóvenes como los que han cometido esos abominables atentados. Y para la correcta ejecución de estas políticas sociales el sistema de servicios sociales debe asumir y realizar unas funciones que en muchas ocasiones se encuentran muy limitadas.

El otro caso que ha marcado nuestros sueños de verano ha sido el de Juana Rivas, una madre que ha decidido desafiar a la justicia para no entregar a sus hijos al padre, condenado por maltrato en 2009 y que al parecer tiene la custodia provisional de los menores. Por mi experiencia laboral, sé lo difícil que lo tiene una mujer para salir de una situación de maltrato y probar que ha sido víctima del mismo. Por eso, y a pesar de las versiones que parecen defender al padre, tiendo a creer a esta mujer y entiendo su desesperación a la hora de tomar las decisiones con las que ella estima que defiende a sus hijos.

Dicho esto, y respetando su opción por la desobediencia legal, yo nunca se la hubiese recomendado. Optar por semejante desafío debe ser algo muy personal, que creo que nunca hay que aconsejar a nadie más allá de uno mismo. Las repercusiones pueden ser importantes y el riesgo de que esta mujer consiga lo contrario de lo que pretende (convivir con sus hijos y protegerlos) me parecen demasiado elevados. Por ello entiendo el movimiento social que se ha generado con el lema "Juana está en mi casa", legitimando y apoyando su desobediencia a las resoluciones judiciales, pero no lo apoyo, pues discrepo de esa estrategia. 

De todas formas, se trata de un caso, como muchos otros, lleno de complejidades y claroscuros, con unas decisiones judiciales cuestionadas y que, en cualquier caso, considero que deberían estar orientadas de forma fundamental y protagonista por el diagnóstico y orientaciones del sistema de servicios sociales, garante a mi juicio del bienestar de los menores en su convivencia familiar.

Y la tercera noticia tiene que ver con dos casos extremos de maltrato y violencia hacia los menores, situaciones que hemos conocido en estos días y cuya repercusión social ha quedado en cierto segundo plano por los acontecimientos que he relatado antes.

En uno de ellos una niña de ocho años fue asesinada en Sabiñánigo, Huesca,  tras sufrir una brutal paliza a manos de su tío, quien la torturaba de modo habitual. El otro, el de una niña de cuatro años fallecida presuntamente tras sufrir maltrato y abusos sexuales que justo en ese momento se estaban investigando al haber detectado los servicios sanitarios indicios de maltrato.

En ambos casos las mismas preguntas: ¿Se podían haber evitado ambas muertes? ¿Se trata de accidentes, o por el contrario son sucesos previsibles? En especial en el segundo caso, pero con mucha probabilidad también en el primero, los indicios de que un maltrato de gravedad se estaba produciendo eran bastante altos. ¿Qué falló para que no se detectaran a tiempo?

La violencia hacia los menores es una epidemia que creo que no dimensionamos de manera adecuada y de la que los casos que hemos nombrado no son sino la punta del iceberg. Para erradicarla (no puede ser otro el objetivo) es necesario revisar los protocolos de notificación, denuncia e investigación, en muchos casos lentos y confusos. También se hace imprescindible formar a los profesionales del ámbito educativo, sanitario y social en la detección y intervención en maltrato infantil. Y es necesaria una adecuada coordinación de todos los anteriores con el sistema policial-judicial.

Creo que la clave para que todo ella sea posible está en el sistema de servicios sociales, y más concretamente en su atención primaria. Sólo si construimos este sistema de atención primaria de una manera sólida y a lo largo de todo el territorio seremos capaces de afrontar los retos a los que todas estas situaciones nos desafían.

Estoy convencido de que es la mejor manera de acabar con nuestras pesadillas.

Mauricia, virgen y mártir

¡Milagro! Una mujer de 64 años, burgalesa, ha dado a luz a dos mellizos tras someterse a un tratamiento de fecundación en Estados Unidos. Podéis ver aquí la noticia.

Paolo de Matteis - The Annunciation

Aceptamos el milagro. Las ciencias adelantan que es una barbaridad y lo que la naturaleza ha negado, puede la técnica milagrosa modificarlo y hacer que una mujer pueda ser madre a una edad tan avanzada.

Pero aceptado, no podemos por menos que señalar que el tema está lleno de conflictos éticos, que se acentúan cuando conocemos los detalles del caso.

Dos de ellos: Que la sexagenaria señora, de nombre Mauricia, está incapacitada laboralmente desde hace años por un trastorno paranoide de la personalidad. Que a los 58 años tuvo a su primera hija, que le sería declarada en desamparo y retirada por los servicios de protección de menores tres años más tarde.

¿Es compatible por tanto el derecho que esgrime esta mujer a ser madre con el derecho que sus hijos recién nacidos tienen a crecer en un entorno favorable? ¿Puede esta mujer proporcionárselo?

Aunque con los datos que constan en la noticia puedo formarme una opinión al respecto, me abstendré de hacerlo, pues de sobras sé que para expresar un juicio de estas características se ha de contar con más elementos y con un análisis y conocimiento bastante más profundo que el que aparece en la misma.

Pero como en ella aparecen otros elementos en los que se presenta a esta mujer como una pobre víctima de los malvados servicios sociales, que ya le retiraron una hija y ahora teme que sus nuevos hijos “caigan también en sus manos”, me veo en la obligación de aclarar y señalar algunas cosas.

Acepto como digo el milagro, pero no el martirio.

El Sistema de Servicios Sociales, aún con todas sus deficiencias, y dentro de él, el Sistema de Protección de Menores, tiene de todo menos de arbitrario. Los menores no se declaran en desamparo gratuitamente y los niños y niñas no son “arrancados” de ninguna familia sin unas sólidas pruebas de negligencia, maltrato y desprotección. La declaración de desamparo además es la última opción y antes se exploran e intentan activarse cualquier medida y alternativa que haga posible que esos menores permanezcan en su propio entorno familiar.

Y como conozco el tema, y la seriedad y responsabilidad con la que se trabaja en el sector, le digo a esta señora que no me trago lo de que quiera presentarse como una mártir y como la víctima de un atropello. Que no cuela, vaya.

Aun admitiendo que pueda cometerse algún error, en la decisión de retirar y tutelar un menor intervienen equipos de profesionales que realizan un estudio profundo del caso, en un proceso largo y complejo. No se retira ningún niño o niña a la ligera, ni con unas acusaciones tan caricaturizadas como las que suelen esgrimir las familias que no son conscientes (ni saben, ni quieren, ni pueden reconocer) el maltrato al que sometían a sus hijos.

Y más allá de todo esto, hay otro elemento en la noticia que me ha llamado la atención. Cuando el Gobierno regional decreta el desamparo de la menor, la alcaldesa del pueblo sale en su defensa y escribe una carta relatando que “Mauricia contaba en el pueblo con el apoyo familiar suficiente para atender a su hija”.

¿No tienen los alcaldes otra cosa que hacer que meterse donde no les llaman? ¿Desde cuándo una alcaldesa es la encargada de valorar los apoyos familiares o las capacidades parentales? Tan clara injerencia del poder político en unos aspectos técnicos debería conllevar, sino la inhabilitación, sí el apercibimiento de esta preboste. Un tirón de orejas y una recomendación: zapatero a tus zapatos.

Porque va siendo hora de pedir a muchos políticos no sólo el respeto que el sistema de servicios sociales merece. Es necesario también que colaboren al prestigio del mismo no sólo evitando esas injerencias, sino además dotándole de los medios necesarios para realizar adecuadamente su labor.

Y en el tema que nos ocupa, la protección a la infancia, los recursos y medios deberían incrementarse exponencialmente, con prioridad absoluta.

Es donde nos jugamos el futuro como sociedad.

Porque ni Wang ni yo, lo confesamos, creemos en los milagros. A pesar de Mauricia y de su "milagroso" y caro embarazo.

Más Dolores

Entre tanto día festivo y tantas cosas que comentar, no he podido hasta ahora hacer un hueco a una de las propuestas estrellas que hizo la Ministra de Sanidad y Servicios Sociales el mes pasado: una Ley para controlar el consumo de alcohol en menores

Creo que esta Ministra está tan mal asesorada, que me atrevo a aconsejarle (con lo poco que me gusta a mí dar consejos a nadie...) un poco más de prudencia a la hora de lanzar sus ideas. Incluso que, antes de exponerlas, las dialogue con los técnicos que se encuentran trabajando en las situaciones concretas y no sólo con los asesores de los que, seguro, se ha rodeado por afinidad ideológica.

No voy a negarle que la intención sea buena, aunque he de recordarle lo que muy acertadamente refleja nuestro refranero: "De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno". Lo que sí es cierto es que el consumo de alcohol en menores es un problema que requiere de permanentes medidas para su prevención y control y por ello es bienvenida cualquier política en este sentido.

Tampoco negaré que me parece un acierto (aunque lo realice de forma muy parcial y sesgada), aludir a la responsabilidad parental cuando un menor consume y abusa del alcohol.

Pero ya. El resto de las ideas que contiene la medida, tal y como la expresa la ministra, (enlace)  son un despropósito y una sarta de disparates que no van a servir para nada más allá de salir en una foto pareciendo que se ocupa del problema.

Y, como es habitual, las propuestas salen de un diagnóstico mal realizado. La ministra da por hecho que el consumo de alcohol reiterado de un menor es un problema individual que se soluciona obligando al niñ@ a recibir unos cursos de formación-sensibilización. Y la responsabilidad parental se sitúa en que los padres deben obligar a que ese menor realice esos cursos.

Las medidas que la Ministra plantea por tanto son obligar a los menores a esos cursos y multar a los padres que no colaboren o hagan lo suficiente para que sus hijos los realicen. Como tantas veces, las medidas protagonistas son de corte coercitivo, tan queridas por los gobiernos conservadores (y lamentablemente por amplias capas de la población) como ineficaces planteadas de este modo.

Porque el problema no son las medidas coercitivas. No tengo nada en contra de ellas, pues en ocasiones son necesarias. El problema es apoyarlas en un análisis y en un diagnóstico tan equivocados.

El consumo abusivo de alcohol de un menor puede ser desde un accidente (los menores y adolescentes exploran) hasta la expresión o síntoma de un problema que raramente será sólo a nivel individual. Probablemente hundirá sus raices en un complejo entramado entre el menor y sus contextos significativos, especialmente el familiar, el escolar y el de sus iguales, y las complicadas (y no siempre facilmente identificables) relaciones entre ambos.

De ahí la mala noticia que tengo que darle a la Ministra. Para un problema tan complejo como éste no sirven de nada las soluciones simples como cursos y multas. Cada caso requerirá de un diagnóstico y unas medidas diferentes, y lo que puede servir en uno puede ser inútil y en muchas ocasiones, contraproducente en otro.

Pero a la vez, tengo una buena noticia. Ya tenemos unos sistemas que se pueden ocupar de ese diagnóstico y tratamiento del problema. De hecho lo llevan haciendo mucho tiempo. Se llaman Sistema Público de Servicios Sociales y Sistema Público de Sanidad. Como lleva poco tiempo en el cargo y seguro que los desconoce, le voy a dar un par de pinceladas sobre cómo podría abordarse el problema del alcohol y los menores en estos sistemas.

Cuando se detecta un menor que ha abusado del alcohol no ha hecho otra cosa que detectarse una posible situación de riesgo en ese menor. Hay un indicio de que tal vez su entorno no esté protegiendo de manera adecuada su desarrollo psico-físico. Ello es lo que hay que averiguar.

Determinar si ha sido un simple accidente, o la consecuencia de una negligencia parental, o la expresión del sufrimiento de ese menor en otro contexto es un diagnóstico ineludible y complejo. En función de eso habrá que determinar desde no hacer nada hasta proporcionar esos cursos de sensibilización (al menor, a sus padres, a ambos...) o arbitrar otras medidas de control o terapeúticas.

En ambos sistemas hay equipos técnicos capaces de diagnosticar cada caso concreto y de actuar coordinadamente para implementar las medidas necesarias para proteger a ese menor.

Propongo por tanto que, esa Ley en la que está pensando la Ministra plantee que cuando se detecte a un menor que ha abusado del alcohol, garantice que la información llegue al Centro de Servicios Sociales y al Centro de Salud de la zona que se trate.

Y que no se preocupe más, que el resto ya lo haremos nosotros. Bueno, sí... que se preocupe mejor de revertir los recortes que se han hecho en ambos sistemas y de dotarnos de los medios necesarios para hacer bien esa labor que tanto parece preocuparle.

***

Wang me dice que esta Ministra se parece cada vez más a ese niño al que con motivo de Reyes le regalan un juguete muy delicado e inapropiado para su corta edad y capacidad. Lo más normal es que no pase mucho tiempo sin que lo rompa y lo dañe irremediablemente.¡Espero que se equivoque!

Señor Juez:

Tranquilos con el título de la entrada, que no estoy redactando ninguna carta al estilo de las que redactan algunos suicidas, al menos en los relatos de ficción...

Tan sólo es que no sabía como comenzar ni qué título ponerle a las reflexiones que me causan algunas aseveraciones que suele realizar un profesional que en los últimos tiempos está teniendo un gran protagonismo: el juez Emilio Calatayud.

Este juez parece gozar ultimamente de un gran predicamento entre la población general y entre muchos profesionales, por su innovación a la hora de dictar sentencias en algunas cuestiones relativas a niños y adolescentes.

De ahí ha pasado a tener una voz que tiene bastante autoridad a la hora de analizar los principales problemas que las familias con menores problemáticos tienen. Desde su blog y desde las redes sociales (donde se hace eco de las charlas y conferencias que suele impartir) es frecuente observar las manifestaciones que sobre estos problemas hace.

En ocasiones alude a la falta de límites parentales, en otras a los peligros de las redes sociales, en otras a la desatención familiar y social ante las necesidades o problemas de la infancia... Con mucha experiencia en asuntos de delincuencia, un poco de humor, bastante sentido común y un estilo directo y sin mucha diplomacia realiza afirmaciones contundentes que a muchas personas les parecen sorprendentemente útiles y atinadas.

Personalmente, a mí no me lo parecen. La mayoría son afirmaciones de perogrullo y bastante populistas y aunque muchas de ellas entran en contradicción con lo que yo entiendo sobre las problemáticas de la infancia y cómo abordarlas, hasta ahora tampoco me han parecido nunca peligrosas.

Pero si no peligrosa, sí bastante desatinada me ha parecido una afirmación que ha realizado últimamente. Basicamente ha venido a decir que, hay que quitar las ayudas a esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a estudiar.  Más concretamente sus declaraciones han sido:

 "...a esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a estudiar, les quitaba el PER, la ayuda familiar y el vivir del cuento. Si tú no cumples con tu obligación, que es llevar a tu hijo al colegio, por qué va cumplir la sociedad contigo…"

  

Podría escribir dos días enteros sobre estas manifestaciones, pues resumen de un modo muy grosero muchos de los tópicos y estigmas con los que en Servicios Sociales estamos peleando a diario. Yo no tengo ni de lejos la autoridad y prestigio de este juez, pero dado que  también acumulo un buen número de años de experiencia, en los que he visto este tipo de manifestaciones bajo diferentes formas y cómo al final no sirven más que para generar más desprotección social, puntuaré en los principales de estos tópicos.


Pasaré por alto el de "fomentar que no vayan a estudiar", porque si alguna familia lo hace, me parece un problema complejo en el que hay una clara responsabilidad compartida entre muchos actores, no sólo la familia. Tal vez hablemos de ella en otra entrada.

Nos centraremos en el tópico más recurrido, ese de que los perceptores de ayudas sociales (me da igual el PER, un salario social o una prestación de desempleo...) son sospechosos de "vivir del cuento". Mano dura, por tanto, es lo que se merece esta gentuza.

Se les quitan las ayudas y así, "se portarán bien": llevarán sus hijos al colegio, no delinquirán, no generarán problemas convivenciales... Los que estamos obligados a trabajar con subsidios condicionados estaremos sorprendidos por el descubrimiento  de este juez: ¡cómo no se nos ha ocurrido antes! Era tan sencillo...

El problema es que no veo cómo el incrementar la pobreza de una familia puede servir para solucionar ninguno de sus problemas, incluido el de la escolarización de sus hijos... A no ser que a esos niños que ven vulnerado su derecho a la educación les condenemos también al hambre y la miseria o bien les quitemos lo último que les queda (su propia familia) y les proporcionemos una institución o una familia sustituta donde pensamos que, sin duda, tendrán un futuro mejor que en la suya.

Creo que una persona con la autoridad y la responsabilidad de este juez debiera tener más cuidado con los mensajes que fomenta. En lugar de plantearnos a otros sistemas de protección social cuándo ni cómo hemos de trabajar con esos subsidios condicionados, preferiría que se mantuviera dentro de su propio sistema y ver cómo desde él se puede abordar ese problema de la escolarización y educación de los menores.

Yo le propondría, si fuera tan inconsciente como para meterme en su trabajo, que haga lo posible por incrementar las penas cuando los padres son condenados, o que diseñe sentencias imaginativas para ellos, igual que ha hecho con algunos adolescentes (igual puede condenar a los padres a asistir ellos mismos a la escuela, pongo por caso).

Pero no lo haré, porque tengo muy claro que cada zapatero ha de ocuparse de sus zapatos. En Servicios Sociales, bastante tenemos con los nuestros. Pero en el Sistema de Justicia, parece que les sobra tiempo con los suyos...

Maltratadores

     Wang me señaló una noticia del periódico de ayer que, si no es por él, me hubiera pasado desapercibida. En apenas 10 líneas y en una esquina,el periódico se hacía eco del Informe anual del Defensor del Menor en Andalucía, destacando lo que parecía la principal conclusión del mismo: durante la crisis económica ha surgido "un grupo nuevo de menores maltratadores, aquellos que no aceptan las limitaciones de bienes materiales impuestas por las familias".
    Interesado en el tema he consultado el documento y se trata de un Informe de 718 páginas (os lo adjunto en el siguiente enlace ) en las que viene a estudiar la situación actual de la protección al menor en esa comunidad autónoma. No lo he estudiado en profundidad, pero de una primera lectura me han surgido varias cuestiones que podrían haber sido destacadas (por ejemplo cómo la crisis ha incidido en los ya escasos de por sí presupuestos dedicados a la protección a la infancia), pero lo único que se destaca del informe es la supuesta aparición de ese grupo de menores maltratadores.
    Destacar de todo el estudio únicamente ese tema creo que responde a una dinámica social que he visto ya en más ocasiones: la culpabilización de los niños y la desresponsabilización de la sociedad en general y de las familias en particular.
   Así, la noticia muestra cómo unos verdugos (los menores maltratadores)  ejercen violencia contra unas pobres víctimas (sus familias), por la sola razón de que no aceptan las limitaciones de bienes materiales. Tiene miga ¿verdad?
     Pero también tiene su razón de ser: atribuir a unos niños semejante maldad hace que podamos no cuestionarnos cómo los estamos educando, cómo los estamos tratando, cómo respondemos a sus necesidades e inquietudes, qué futuro les estamos preparando. Y eso tanto en el plano más global como en el particular de cada familia. Probablemente ahí estén las raíces de esa violencia, que no es sino la contraparte o la reacción a formas a veces muy explícitas y a veces muy sutiles de maltrato a esos menores.

  Habitualmente recibimos muchas demandas de este tipo en nuestros sistemas de protección social. Familias con un menor o con un adolescente al que se le responsabiliza de todos los males de la familia: con frecuencia si se trata de un adolescente se le atribuye maldad y si se trata de un niño se le atribuye algún tipo de deficiencia psicológica interna.
    De cómo respondamos a estas demandas va a depender en gran manera la evolución de estos menores: si aceptamos sin más el encargo de la familia de intentar cambiar a ese menor, probablemente no le ayudaremos demasiado, aunque tal vez deje de tener síntomas por un tiempo. Tal vez sea más útil para el menor y para su familia el proponer a la familia cambios en los contextos significativos (el relacional especialmente) donde ese menor y su comportamiento se inscriben.
    De la habilidad de los profesionales para hacer estas propuestas y de la capacidad de la familia para aceptar esos cambios va a depender en gran parte que estas problemáticas dejen de causar tanto sufrimiento a sus protagonistas. Y en esto, noticias como la que venimos comentando no nos ayudan demasiado.

Violencias

      Wang y yo hemos acudido a un curso sobre Familias Multiproblemáticas (por cierto, cada vez me gusta menos el nombre, tal vez lo explique en otra entrada) y, entre otras cosas hemos hablado de las diversas formas de violencia familiar, especialmente sobre los niños y sobre las mujeres. El profesor Juan Luis Linares, psiquiatra y psicólogo, defendía cómo las políticas y consiguientes intervenciones sobre esta violencia que se basan principalmente en medidas coercitivas o de control, están siendo ineficaces para solucionar el problema.

     Recordé otro seminario al que tuve la oportunidad de asistir, en el que el Juez Eduardo Cárdenas planteaba cómo intervenir en la violencia sin utilizar la violencia, y desarrollaba tesis parecidas.

    Mientras el ponente desarrollaba sus argumentaciones, fue interpelado por una de las asistentes al curso, que comenzó a discutir con vehemencia las ideas del profesor. Hasta ahí todo normal. Pero dentro de la vehemencia con las que la asistente intentaba rebatir la exposición, se le deslizaron varias argumentaciones en forma de acusaciones veladas a que ese modo de afrontar la violencia que se proponía en el curso no defendía ni consideraba a las víctimas. Obviamente el ponente se ofendió y surgió una discusión que por momentos fue desagradable. Naturalmente todo se encauzó y prosiguió el seminario, pero yo me quedé removido por el episodio, al que voy a definir como violento. ¿Quién agredió a quien? ¿Quién ofendió a quién?

     A mí me pareció que, mientras el profesor exponía sus argumentos de una manera muy adecuada y profesional la alumna los rebatía de forma descalificadora y emocional. Claro que puedo no estar siendo neutral. Principalmente por dos cuestiones: la primera porque me alineo claramente con las tesis del profesor y la segunda porque a mí me ha sucedido también episodios parecidos, en los que cuando expones para abordar algún problema una forma diferente a las "politicamente correctas" o "tecnicamente impuestas", eres acusado por alguien casi de colaboracionista con el problema.

     Me da la sensación de que en muchas ocasiones buscamos para la intervención social

en situaciones complejas recetas que orienten nuestra labor. El problema es que en la situación social e histórica actual estas recetas se convierten enseguida en dogmas a los que nos agarramos con firmeza y sobre los que construimos protocolos de intervención con los cuales nos sentimos seguros a la hora de actuar. Así, se va imponiendo una línea de "pensamiento único" en muchas situaciones que es difícil luego rebatir. Las instituciones se van convirtiendo poco a poco en totalitarias y terminan siendo ineficaces ante las problemáticas ante las que pretenden intervenir.

     Volviendo al tema de la violencia sobre los menores o sobre la mujer, encuentro en demasiadas ocasiones en las instituciones encargadas de proteger estas situaciones actitudes e ideas dogmáticas.   En el caso de las instituciones de protección al menor he experimentado también en primera persona lo difícil que es cuestionar sus actuaciones. El ponente del curso nos dio una clave que me ha llevado a entender alguna cosa a este respecto: este tipo de actuaciones son las encargadas de detentar un poder que antes era reservado solamente a Dios, el de dar y quitar hijos. Y semejante poder es difícil de asimilar.

      En el caso de las instituciones de protección a la mujer creo que se han mezclado durante mucho tiempo técnica y política. Es más, creo que la técnica se ha supeditado a la política y para mí eso explica este tipo de actitudes. Al final, no se interviene en una situación de malestar, más bien se está militando por unos ideales.
     Wang dice que está de acuerdo conmigo, pero no del todo. Le he pedido explicaciones y dice que había quedado para una ceremonia del té. ¡Será dogmático...!