martes, 15 de septiembre de 2020

Ricos y Pobres S.L.

 Comienza el curso escolar y parece que una nueva etapa también lo hace, teñida por la incertidumbre ante la evolución de una pandemia que a duras penas nos está permitiendo hacer algo parecido a una vida normal.

 Claro que esto va por barrios. Como en todas las situaciones los ricos atraviesan por esta pandemia en mucho mejor condición que los pobres, quien, de modo invariable, soportan las consecuencias de esta crisis con un grado mucho mayor de sufrimiento que los primeros. Es su destino.

Los elevados contagios por el virus en nuestro país responden a complejas condiciones estructurales, generadas cultural e históricamente durante décadas. Lo fácil es culpar de la situación a la incompetencia de nuestros gobernantes o a la insensatez de los ciudadanos pero todos sabemos que no es tan sencillo. Por supuesto que ha habido fallos en la gestión política de la pandemia, y claro que hay comportamientos incívicos, pero ni unos ni otros son la causa principal de la situación. Son simplemente dos factores más, probablemente inevitables, que han contribuido a generar un problema que tiene sus raíces en el entramado intersistémico  entre la estructura productiva, familiar, cultural y demográfica de nuestro país.

Del mismo modo, la incapacidad de nuestro país para proteger a los ciudadanos más vulnerables, evitando que soporten, en un grado desproporcionado, la carga de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia no responde a un análisis sencillo. Los sistemas públicos de protección social se han desarrollado de una manera muy insuficiente, acumulando un gran número de déficits y problemas que les hace muy ineficientes para proteger las situaciones más problemáticas.

Creo que detrás de este insuficiente desarrollo hay unas fuertes razones culturales. El pobre, el viejo, el enfermo, el dependiente… forman parte de lo que llamamos sectores no productivos de la sociedad y eso hace que se les perciba como una carga y un gasto que como conjunto no hemos de asumir. Así, la protección social todavía recae más sobre la responsabilidad familiar que sobre un verdadero compromiso público, pues éste se asienta en unos derechos sociales que se construyen con tantas precauciones que terminan por hacerse inefectivos.

Por otra parte, todavía subsiste la ideología de que es la filantropía o la caridad quien debe ocuparse de esas situaciones y en todo caso, siempre queda al final ese Sistema de Servicios Sociales como esa red residual que amortigua (tarde y mal) los peores efectos de las mismas.

El caso del Ingreso Mínimo Vital es paradigmático. Lo que tenía que suponer el inicio de una política de garantía de ingresos que protegiera a la población vulnerable de los efectos económicos sociales de la pandemia se ha convertido en un complejo trámite burocrático ineficaz y con unos efectos perversos difíciles de revertir.

La construcción y desarrollo de esta medida responde a un modelo ideológico que creo que es mayoritario en la sociedad. Más allá de algunas extrañas burbujas, (ahora que están tan de moda), el conjunto de la sociedad piensa que, en el fondo, los pobres no merecen esas ayudas. En la atribución sobre la responsabilidad individual de la situación de pobreza se percibe a quien la padece como alguien indigno y no merecedor de ayuda, un aprovechado a quien hay que poner cuantas trabas sean posibles para acceder a la misma.

Esa es la razón por la que no se construye un Sistema de Garantía de Rentas. Una aclaración al margen: la clave está en la palabra “garantía”, no en la “renta”, esto es, ese sistema debe trabajar proactivamente para que todos los ciudadanos tengan garantizadas sus necesidades más básicas y que no se limite a diseñar convocatorias para que los ciudadanos que precisen ayuda se vean sometidos a una especie de carrera indigna para conseguirlas. Os invito a consultar al respecto mi antigua entrada "El corral".

Un Sistema de Garantía de Rentas que impulse y coordine con el resto de sistemas el acceso universal a los mismos (necesidades de vivienda, necesidades para el acceso a la educación, o la sanidad…) y que defina con claridad sus competencias con las del Sistema de Servicios Sociales.

Suponiendo que quede algo de éste último, claro. Porque la pandemia ha terminado de poner al descubierto la principal función del mismo. Proporcionar prestaciones económicas a quien ve comprometidos, por las causas que sean, sus medios de subsistencia. Dar dinero a los pobres, vaya, disfrazando con un lenguaje técnico tan confuso como inadecuado lo que no es sino una forma de neolimosna con la que se responde a la principal demanda del sistema: dinero para sobrevivir.

Es francamente curioso lo fuerte de ese papel residual que ocupa el Sistema de Servicios Sociales respecto al resto de sistemas. Ese rimbombante título de la "ultima red de protección social de las personas", con el que algunos denominan al sistema, no esconde otra cosa en realidad que permitir que el resto de sistemas puedan no garantizar sus prestaciones al conjunto de la población y haya grandes grupos de la misma (los más débiles, naturalmente), que sean expulsados de los mismos para que sea el Sistema de Servicios Sociales quien haga lo que los primeros no quieren hacer. Al fin y al cabo, es el Sistema de Servicios Sociales quien se ocupa de los pobres ¿no?

Esta perversa dejación de funciones, sostenida por esas derivaciones hacia servicios sociales que durante tanto tiempo hemos consentido, la hemos visto en muchas ocasiones: en Sanidad, en Vivienda, en Educación, en Empleo... Lo que no esperaba es que cuando parecía que se avanzaba en ese Sistema de Garantía de Rentas con ese importante paso del IMV, la historia se volviera a repetir. y tuviéramos que seguir dedicados en Servicios Sociales a paliar lo que el IMV no garantiza: la supervivencia de las personas.

Salir de ese arraigado papel residual es muy complicado, pues supone una redefinición global de la política social que no estamos en condiciones de asumir todavía. La otra opción es asumir el encargo social y definir las cosas dentro del sistema con más claridad, adaptando las estructuras y prestaciones del sistema a esa residualidad que se nos impone y a esos sectores de población empobrecidos, desvalidos o improductivos que el resto de sistemas no van a atender. El sistema debería variar más hacia una especie de gestoría para pobres, que se limitase a asumir las prescripciones y derivaciones del resto de sistemas y a tramitar los recursos que ellos determinen. 

Ambos caminos son difíciles. Con el primero se garantizaría que los grandes problemas sociales se abordaran transversalmente por toda la política social y permitiría al Sistema de Servicios Sociales abordar los problemas relacionales y convivenciales de la sociedad de una forma mucho más funcional.

Con el segundo se produciría una redistribución de los recursos entre los diferentes sistemas clarificando las funciones y destinatarios de cada uno de ellos, y para el Sistema de Servicios Sociales supondría resolver ese insoportable deslizamiento de contexto que supone el pretender definirse de una manera e identificarse en la práctica de forma contraria a esa definición.

El problema es que, mientras lo discutimos, los que pierden son siempre los mismos.

Cuando cesó el confinamiento, el Gobierno diseñó una campaña institucional: "Salimos más fuertes". Cuando salgamos de esta crisis pandémica, sin duda, el lema será: "Los ricos salimos más ricos y los pobres... más pobres". 

¿Apostamos?

viernes, 10 de julio de 2020

Estrategias y reforma social

Una de las funciones del Trabajo Social que entronca directamente con sus orígenes es la de Reforma Social, esto es, la modificación de las condiciones estructurales que generan las injusticias y la desigualdad.

Sin duda fue Jane Addams la máxima representante de esta propuesta epistemológica para el Trabajo Social, surgida de la fusión ciencia-reforma a partir de las actividades del centro social de la Hull House en Chicago, a caballo entre finales del siglo XIX y los albores del siglo XX.

Más de cien años más tarde (pocas profesiones tienen la suerte de tener desafíos tan antiguos), nos encontramos ante el reto de redefinir para el contexto histórico y social actual esta función y para ello el Trabajo Social Comunitario (al que no terminamos de hacerle el hueco necesario), debe ocupar un lugar principal.

Personalmente creo que es una función que debe ejecutarse de modo colectivo por la profesión y por tanto los debates, y canales institucionales me parecen fundamentales para ello.

Pero más allá de todo eso, también es cierto que cada uno de nosotros, como profesionales, debemos tener presente en nuestro ejercicio esta dimensión de reforma social.

Y en este terreno de lo individual, observo frecuentemente estrategias que se contraponen.

Por un lado, aquellos profesionales que optan por la confrontación y denuncia pública de toda forma de opresión, desigualdad o injusticia. Con más o menos vehemencia plantean la necesidad de manifestarse contra las mismas, tanto para los problemas individuales como para los más colectivos, constituyendo las redes sociales un instrumento preferente para ello.

Desde otra postura la lucha contra esas desigualdades se realiza de una manera más institucional y con menos presencia pública. La transformación interna de estructuras y procedimientos constituyen el eje central de la intervención y la búsqueda de consensos, alianzas y términos medios los instrumentos prioritarios.

A mí me parecen legítimas ambas estrategias y utilizo una u otra en función del contexto concreto de cada problemática. Para muchas de ellas, me resulta más eficaz la segunda de ellas, pues la primera sólo genera resistencias que encallan más el problema. Sin embargo, hay otras muchas ocasiones que es necesario manifestarse y llamar la atención sobre un problema, pues sin ello no se movilizan las fuerzas necesarias para modificarlo.

Como en todo, la elección de la estrategia me parece fundamental. Utilizar siempre una u otra como el único modo de intervención rígido ante los problemas puede hacerse en otras situaciones, pero no en una disciplina como la nuestra, que se pretende científica.

Como tampoco lo es descalificar o denostar a quien utiliza otras estrategias diferentes. Cada cual tiene su contexto desde el que desarrolla unos u otros instrumentos, sin que esto quiera decir que todo valga o que no podamos señalar una mala práctica.

Malas prácticas que podemos encontrar en cualquiera de las estrategias utilizadas e independientemente de ellas.

Por otro lado, en mi experiencia, aún siendo éstas frecuentes, las buenas prácticas lo son mucho más y creo necesario una puesta en valor y un reconocimiento de nuestra profesión y de la legión de trabajadoras sociales (la gran mayoría mujeres) que están intentando a dirario y muchas veces en condiciones nada fáciles, transformar la realidad para hacer de esta sociedad algo más habitable.

Independientemente de las estrategias que se utilicen, los errores que se cometan o los resultados que se obtengan.

jueves, 2 de julio de 2020

De la crítica

Entre las situaciones que estamos viviendo como consecuencia de la crisis causada por este coronavirus hay algunas que me han enseñado (y confirmado) algunos aspectos de las relaciones humanas que ya intuía pero que se han puesto muy claramente de manifiesto.


De todas ellas, la que más me ha sorprendido, por decirlo de alguna manera, es la facilidad con la que se critican las decisiones que toman los que han asumido la responsabilidad de solucionar los problemas que la crisis ha traído.

Me sorprende la virulencia con la que algunos sectores atacan y cuestionan todas y cada una de las decisiones y medidas que se intentan implementar.

En una situación normal, lo entiendo. Lo acepto entonces como crítica legítima incluso cuando lo único que se pretende es desgastar y tumbar al que ejerce el poder, para sustituirle.

Pero en la situación actual... Cuando nuestro país se enfrenta a la mayor crisis sanitaria y económica en muchas décadas. Cuando hay miles de vidas en juego y tiemblan los cimientos de nuestra sociedad.

No entiendo que se adopte esa postura tan crítica y destructiva. Deslegitimar al que gobierna a costa de todo, poner la ideología o los intereses particulares por encima del bien común y de la búsqueda de la salida a los problemas es, cuando menos, mezquino.

En estos tiempos no me cuesta empatizar con los que tienen responsabilidades de gobierno, en cualquiera de sus niveles. No quisiera verme en el pellejo de muchos de ellos, enfrentados a tener que tomar duras decisiones, sin hojas de ruta ni experiencias a las que mirar. Imagino sus dudas, sus desasosiegos...

La única respuesta que se me ocurre útil es el apoyo incondicional. Aunque creas erradas sus decisiones. Aunque pienses que tú en su lugar lo harías mejor.

A mucho menor nivel, como trabajador social y responsable técnico de un servicio, también me ha tocado tomar decisiones difíciles. Nuestro trabajo toca áreas fundamentales de la vida de la personas y en este contexto de crisis la intervención se ha tornado extraordinariamente compleja. Y en ella he podido sentir quien se situaba en posición de ayudar y quien, respondiendo a sus intereses particulares, se dedicaba a poner obstáculos.

Como en tantas ocasiones, el bien comun entra en conflicto con lo particular. Optar por un camino u otro es lo que marca la diferencia entre avanzar juntos como comunidad resolviendo los problemas o transitar por los caminos del "sálvese quien pueda".

Porque en estos caminos, ya sabemos quién se queda siempre atrás.



martes, 23 de junio de 2020

Del odio y los "malos"


Proliferan últimamente por las redes manifestaciones de distintas personas, incluidas algunos cargos políticos, profiriendo mensajes de odio hacia los que tienen una ideología diferente de la suya.


La verdad es que asusta. Que alguien pueda desear la muerte de otro, simplemente por defender otras ideas distintas, no deja de situarnos ante una dimensión del ser humano que a veces tendemos a no considerar: la maldad. 

Venía yo reflexionando con Wang sobre esto y le contaba lo mucho que me cuesta trabajar con personas que están dañando a otras, muchas veces inconscientemente y otras con una clara conciencia del mal que están produciendo.

Para mí, el trabajo con estas personas (les adjetivaré inadecuadamente como “malas” para hacer más fácil la reflexión), es un reto central en mi ejercicio profesional. Los dilemas éticos y las dificultades técnicas en la intervención suponen un auténtico desafío.

¿Cómo trabajar con personas que, pongo por caso, son víctimas de una situación de violencia, o se encuentran en una situación de necesidad de otro tipo (subsistencia, vivienda, empleo, otros recursos…) y al mismo tiempo son capaces de infringir un profundo y consciente daño a miembros de su propia familia?

Porque en esta situación, como en todas, las cosas no son blancas o negras. Es infinita la gradación de grises que podemos encontrar, y cada uno de ellos requerirá de técnicas e intervenciones específicas.

En un pensamiento simplificador, las personas son buenas o malas. De este modo podemos dividirlas fácilmente en víctimas y agresores, competentes o negligentes, cooperadores o resistentes y así otro montón de categorías más.

Con el mismo pensamiento simplificador, la intervención también puede hacerse con la misma facilidad: proteger a la víctima-castigar al agresor, favorecer al competente-denegar al negligente, etc…

Pero las cosas, como digo, no son nunca tan claras. Con frecuencia vemos víctimas que a su vez son agresores, bien en el mismo u otro contexto. Personas que parecen víctimas cuando no lo son o personas que se comportan negligentemente en unos contextos y fuertemente competentes en otros que requieren de más capacidades que los primeros.

En mi experiencia, las personas son de una elevada complejidad, que no puede simplificarse en nuestras categorías diagnósticas. Y un trabajo de aceptación de esas personas “malas”, incluso de la parte “mala” de las personas “buenas”, es imprescindible. Comprender sus razones sin justificar (ni mucho menos permitir) sus acciones. 

El desafío de atender semejante diversidad requiere de fuertes competencias técnicas y de dominar un juego de alianzas y estrategias sin las cuales la intervención social no es más que un bienintencionado intento de resolver un problema.

Creo que ahí está la clave de lo que nos diferencia como disciplina científica frente a un activismo más o menos comprometido que puede desarrollar cualquier persona sin más equipaje que su sentido común o su buena voluntad.

Porque como bien me recuerda Wang, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

jueves, 18 de junio de 2020

Debates en la cuerda floja


La crisis del COVID ha traído a colación nuevos y no tan nuevos debates sobre a qué tenemos que dedicarnos en el Sistema de Servicios Sociales, que son, en el fondo, sobre la función social del mismo

Creo que todos estos debates giran en torno a la identidad del sistema, y a riesgo de simplificación excesiva, me atrevo a aventurar que lo hacen pivotando sobre dos grandes posturas, a las que se adscriben unos y otros profesionales en función de sus particulares paradigmas o modos de comprender la realidad social.

La primera es la que define que el Sistema de Servicios Sociales es el que se ocupa de grupos poblacionales concretos, en especial las personas desfavorecidas y vulnerables, (bien en situación de pobreza-exclusión o por necesidad de cuidados), a las que debe proveer de los recursos necesarios para que se palíe o se solucione su situación.

La segunda defiende que el sujeto de los Servicios Sociales es universal, dirigiéndose por tanto a toda la población, a la cual se ofrecen unos determinados servicios y funciones independientemente del grupo al que pertenezca o estrato socioeconómico en que se encuentre.

Hay, como en casi todas las realidades, una tercera posibilidad, un híbrido entre las dos anteriores que define que el Sistema se dirige a toda la población, pero especialmente a los colectivos vulnerables. Considero que es una postura que puede asimilarse a cualquiera de las dos anteriores, en función del contexto de análisis que se haga, así que, por el momento, prescindiremos de ella.

Las diferencias entre ambas son importantes, casi antagónicas. Mientras la primera plantea ocuparse de todo para algunos colectivos, la segunda pretende proporcionar sólo algunas cosas a toda la población.

Sólo a efectos de este análisis, denominaremos a la primera como posición INDICADA, mientras que nos referiremos a la segunda con el término UNIVERSAL.

En la posición INDICADA el Sistema de Servicios Sociales debe proveer a los grupos poblacionales citados de todos los recursos necesarios y a todos los niveles para garantizar la superación de la situación. Por tanto han de ocuparse de su supervivencia, de pagar sus facturas, buscarles trabajo, darles vivienda, ocuparse de sus problemas de relación, proporcionarles cuidados… De este modo el sistema queda definido por el colectivo al que atiende, de manera que el resto de sistemas pueden dejar de considerar a este colectivo como sujetos de su atención.

En la posición UNIVERSAL, el Sistema define las funciones que debe ofrecer a toda la población, independientemente del grupo poblacional o estrato socio-económico en que se encuentre. Una posición mucho menos desarrollada que la primera que intenta definirse en torno a ocuparse de los problemas convivenciales y relacionales del conjunto de la sociedad y de todos los grupos específicos de la misma.

De los riesgos de la primera hemos hablado profusamente. En especial de la relación entre la residualidad en la que queda el Sistema de Servicios Sociales con la desresponsabilización del resto de Sistemas de la Política Social y la ineficacia por tanto de esta última para solucionar los grandes problemas sociales.

En cualquier caso, el debate entre ambas está servido. De cómo lo hagamos dentro del Sistema dependerá la respuesta que demos a las problemáticas concretas que siempre hemos encontrado y que ahora esta crisis del coronavirus ha puesto de nuevo sobre la mesa.

Sólo a modo de ejemplo y por citar algunas que estos meses han estado en debate:

  • ¿Es el Sistema de Servicios Sociales quien debe proporcionar cuidados médicos en las residencias de ancianos, o es el Sistema Sanitario quien debe proveerlos?
  • ¿Es el Sistema de Servicios Sociales quien debe garantizar que los niños que no dispongan de medios tecnológicos puedan seguir la escolarización virtual y digital que la escuela ha tenido que desarrollar, o es responsabilidad del Sistema Educativo?
  • ¿Es el Sistema de Servicios Sociales quien debe informar, tramitar y gestionar el nuevo Ingreso Mínimo Vital que ha puesto en marcha la Seguridad Social (Sistema de Garantía de Rentas), o es ésta misma quien debe hacerlo?

No son preguntas que se contesten negativa o afirmativamente. Hacerlo en un sentido o en otro dependerá de la posición indicada o universal que definamos para el Sistema.

Hasta ahora el paradigma dominante ha sido el Indicado. Así en las Leyes de Servicios Sociales éstos asumen una ingente e inasumible cantidad de funciones y responsabilidades a desarrollar pero sólo para algunos grupos poblacionales.

Tal vez esta crisis sirva para ir abandonando el mismo (ineficaz en el contexto histórico actual) y sustituirlo por el paradigma universal (lo cual requerirá de una nueva correlación de fuerzas en el global de la política social).

Veremos.