El disparate de las Rentas Mínimas no tiene límite. Parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene una particular lucha contra los perceptores de esta prestación, y exige a los solicitantes de la renta mínima de inserción una declaración jurada de sus ingresos en la calle.
Y es que, al parecer en aras de la
transparencia y en cumplimiento de la norma, exige que sean declarados y descontados
de la prestación cualquier tipo de ingreso, proceda de donde proceda. Es algo
previsto en la normativa que regula la prestación y que lleva aplicándose desde
el principio y aunque su aplicación en estos casos de ingresos “irregulares” (como
son los que obtienen las personas en situación de exclusión social para
subsistir) debería realizarse con cierta flexibilidad, la Comunidad de Madrid
parece optar por su aplicación más estricta.
La máxima neoliberal de “débil
con el fuerte, fuerte con el débil” llevada a su máxima expresión.
Y ahí andan los solicitantes que
sobreviven de la mendicidad o de pequeños ingresos como recogida de chatarra,
teniendo que hacer una especie de “estimación objetiva por módulos”, reflejando
en ella esos miserables ingresos, que tras la aplicación de las
correspondientes tablas de deducciones les supondrá una minoración importante
en la renta a percibir (que de esta manera hará honor a su nombre: mínima). Es
una medida inspectora que socava los derechos de estas personas y su dignidad.
Porque esta norma y su estricta
aplicación tiene un olor a aporofobia que tira para atrás.
Pero tiene una justificación
importante. Hay que cumplir la ley. La pregunta es por qué tienen que cumplirla
sólo los beneficiarios de estas rentas mínimas.
No estará de más recordar que hay
otras leyes, como aquella que dice que hay que tributar impuestos por todos los
ingresos que cualquier persona física o jurídica tenga. Y como es conocido por
todos que entre las empresas y autónomos de este país hay una gran cantidad de
dinero negro, que se oculta al fisco, podríamos aplicar para ellos la misma
regla que para los anteriores.
Así, en la próxima declaración de
impuestos, habría que exigir a las empresas y autónomos de este país una
declaración complementaria, estimando los ingresos que generan en negro. En
función de lo que declaren y comparándolo con el volumen de la empresa o
negocio, se realiza una estimación de los impuestos complementarios que tienen
que pagar por ese dinero negro, y todos tan contentos.
Es lo más justo ¿no?
Transparencia, sí. Pero para todos. De pobreza, supervivencia y calidad de
vida, ya hablamos otro día. Y si quieren, hasta de Renta Universal Básica.
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Entrada dedicada a la gente del estupendo Foro Servicios Sociales de Madrid, al "Kolectivo Becerril" y en especial a Teresa Zamanillo,"instigadora" de este post.
Muy bbuena correlacion de términos Pedro. El drama ademas es que los responsables políticos se van de "rositas" ejemplo de la última presidenta autonomica que dimitio por unas cremas y no por gestión gestión de una administración hipercorrupta. Que criminaliza a pobres y fomenta elusion fiscal a sus amiguetes
ResponderEliminarLos responsables políticos tienen mucho que ver en este tipo de leyes, como bien dices, criminalizando a los pobres. Pero los técnicos también tenemos nuestra cuota de responsabilidad.Saludos y gracias por comentar, Lucía.
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ResponderEliminarQue pena ... un problema de perspectiva siempre que se responsabiliza al individuo de sufrir las consecuencias del grupo. Políticas sociales hipócritas, parches para su sucia moral y fomento del odio.
Siempre es culpa del que se aprovecha del sistema que curiosamente núnca es el que realmente es. Alguién que vive de la RGC es visto como un parásito del sistema mientras que el político corrupto o las grandes empresas que crecen a costa de los derechos de los trabajadores no lo són.