No, no voy a hablar de la famosa película tan de moda últimamente. Voy a hablar del modelo de política y protección social al hilo de algunas reflexiones y diálogos que hemos tenido en otros foros donde me resulta complicado argumentar y profundizar.
Partimos de que, a mi juicio, el
modelo actual de política social en España está muy consolidado. Se caracteriza
por:
un par de sistemas públicos de protección social
bastante definidos y universalizados (Educación y Sanidad), lo cual por otra
parte no les hace inmunes a los problemas
una política para garantizar la subsistencia
material fragmentada entre el Sistema de Pensiones o Seguridad Social, el
Sistema de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales
unos sistemas de empleo y de vivienda no
universalizados y que no garantizan los bienes que debieran proteger
una presencia del Sistema de Servicios Sociales
como residual, fundamentalmente ocupado en atender las carencias de los demás sistemas
Este modelo apenas está en
cuestión. Hoy, no forma parte del debate político ni ciudadano. Apenas se
encuentra en ámbitos académicos y tan sólo hay algunas posturas críticas (lejos
de ser mayoritarias), en algunos niveles técnicos.
En ese sentido podríamos decir
que es una elección bastante estable y que, en cierto modo, hay cierto grado de
satisfacción con ella. No se atisban reformas legislativas de calado en el “status
quo” conseguido y a nivel organizativo y estructural nadie propone cambios profundos.
Sobre las repercusiones en el
Sistema de Servicios Sociales, hemos hablado reiteradamente de ellas.
Fundamentalmente ese papel residual (o de última red) está impidiendo que se
desarrollen otras funciones más allá de las asistenciales y que tienen que ver
con toda una pléyade de cuestiones relacionales y convivenciales a las que
apenas se está dando una respuesta coherente y estructurada. Lo cual tampoco
parece importar demasiado a nadie, por otra parte, más allá de algunas
respuestas reactivas a alguna problemática “emergente”.
Al mismo tiempo, la carta del
comodín que supone que los Servicios Sociales se responsabilicen al final de
los problemas permite que en el juego de la política social se hagan trampas y
se diga que están garantizados una serie de derechos cuando en realidad no lo
están. No pueden estarlo si el resto de sistemas (en sus niveles políticos, organizativos
y técnicos) no asumen la responsabilidad y se permiten dejar de atender
personas y situaciones en la confianza de que ya lo hará esa última red. O lo
que es más grave, definiendo que esa es principalmente su función.
Así, es innegable la ventaja de
tener una red de servicios sociales con este encargo asistencial y residual. De
la misma manera que es muy ventajoso mantener esa red con un componente importante
de confusión e indefinición. Si se define se delimita y poner límites implica asumir
que hay que cambiar prioridades y funciones, tanto en un sistema como en los
restantes. Por eso es mejor no definir y tener un sistema que pueda encargarse
de todo, aunque sea de cualquier manera, aunque suponga sobrecargar sus estructuras
y profesionales.
Por eso opino que las cosas no
van a cambiar sustancialmente. Es el sistema que hemos elegido para la
protección social en España y hay demasiados actores que, dadas sus innegables
ventajas, piensan que es el mejor de los sistemas posibles.
En el fondo todos sabemos que para hacer trampas es mejor tener un joker.
