Comienza el
curso escolar y parece que una nueva etapa también lo hace, teñida por la
incertidumbre ante la evolución de una pandemia que a duras penas nos está
permitiendo hacer algo parecido a una vida normal.
Claro qu
e esto
va por barrios. Como en todas las situaciones los ricos atraviesan por esta
pandemia en mucho mejor condición que los pobres, quien, de modo invariable,
soportan las consecuencias de esta crisis con un grado mucho mayor de
sufrimiento que los primeros. Es su destino.
Los elevados
contagios por el virus en nuestro país responden a complejas condiciones estructurales,
generadas cultural e históricamente durante décadas. Lo fácil es culpar de la
situación a la incompetencia de nuestros gobernantes o a la insensatez de los
ciudadanos pero todos sabemos que no es tan sencillo. Por supuesto que ha
habido fallos en la gestión política de la pandemia, y claro que hay comportamientos
incívicos, pero ni unos ni otros son la causa principal de la situación. Son
simplemente dos factores más, probablemente inevitables, que han contribuido a
generar un problema que tiene sus raíces en el entramado intersistémico entre la estructura productiva, familiar, cultural
y demográfica de nuestro país.
Del mismo
modo, la incapacidad de nuestro país para proteger a los ciudadanos más vulnerables,
evitando que soporten, en un grado desproporcionado, la carga de las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia no responde a un análisis
sencillo. Los sistemas públicos de protección social se han desarrollado de una
manera muy insuficiente, acumulando un gran número de déficits y problemas que
les hace muy ineficientes para proteger las situaciones más problemáticas.
Creo que
detrás de este insuficiente desarrollo hay unas fuertes razones culturales. El
pobre, el viejo, el enfermo, el dependiente… forman parte de lo que llamamos
sectores no productivos de la sociedad y eso hace que se les perciba como una
carga y un gasto que como conjunto no hemos de asumir. Así, la protección
social todavía recae más sobre la responsabilidad familiar que sobre un verdadero
compromiso público, pues éste se asienta en unos derechos sociales que se
construyen con tantas precauciones que terminan por hacerse inefectivos.
Por otra
parte, todavía subsiste la ideología de que es la filantropía o la caridad
quien debe ocuparse de esas situaciones y en todo caso, siempre queda al final
ese Sistema de Servicios Sociales como esa red residual que amortigua (tarde y
mal) los peores efectos de las mismas.
El caso del
Ingreso Mínimo Vital es paradigmático. Lo que tenía que suponer el inicio de
una política de garantía de ingresos que protegiera a la población vulnerable
de los efectos económicos sociales de la pandemia se ha convertido en un
complejo trámite burocrático ineficaz y con unos efectos perversos difíciles de
revertir.
La
construcción y desarrollo de esta medida responde a un modelo ideológico que
creo que es mayoritario en la sociedad. Más allá de algunas extrañas burbujas, (ahora
que están tan de moda), el conjunto de la sociedad piensa que, en el fondo, los
pobres no merecen esas ayudas. En la atribución sobre la responsabilidad individual
de la situación de pobreza se percibe a quien la padece como alguien indigno y
no merecedor de ayuda, un aprovechado a quien hay que poner cuantas trabas sean
posibles para acceder a la misma.

Esa es la razón
por la que no se construye un Sistema de Garantía de Rentas. Una aclaración al
margen: la clave está en la palabra “garantía”, no en la “renta”, esto es, ese
sistema debe trabajar proactivamente para que todos los ciudadanos tengan
garantizadas sus necesidades más básicas y que no se limite a diseñar convocatorias
para que los ciudadanos que precisen ayuda se vean sometidos a una especie de
carrera indigna para conseguirlas. Os invito a consultar al respecto mi antigua entrada "El corral".
Un Sistema de
Garantía de Rentas que impulse y coordine con el resto de sistemas el acceso
universal a los mismos (necesidades de vivienda, necesidades para el acceso a
la educación, o la sanidad…) y que defina con claridad sus competencias con las
del Sistema de Servicios Sociales.
Suponiendo que quede algo de éste último, claro. Porque la pandemia ha terminado de poner al descubierto la principal función del mismo. Proporcionar prestaciones
económicas a quien ve comprometidos, por las causas que sean, sus medios
de subsistencia. Dar dinero a los pobres, vaya, disfrazando con un
lenguaje técnico tan confuso como inadecuado lo que no es sino una forma
de neolimosna con la que se responde a la principal demanda del sistema:
dinero para sobrevivir.
Es francamente curioso lo fuerte de ese papel residual que ocupa el Sistema de Servicios Sociales respecto al resto de sistemas. Ese rimbombante título de la "ultima red de protección social de las personas", con el que algunos denominan al sistema, no esconde otra cosa en realidad que permitir que el resto de sistemas puedan no garantizar sus prestaciones al conjunto de la población y haya grandes grupos de la misma (los más débiles, naturalmente), que sean expulsados de los mismos para que sea el Sistema de Servicios Sociales quien haga lo que los primeros no quieren hacer. Al fin y al cabo, es el Sistema de Servicios Sociales quien se ocupa de los pobres ¿no?
Esta perversa dejación de funciones, sostenida por esas derivaciones hacia servicios sociales que durante tanto tiempo hemos consentido, la hemos visto en muchas ocasiones: en Sanidad, en Vivienda, en Educación, en Empleo... Lo que no esperaba es que cuando parecía que se avanzaba en ese Sistema de Garantía de Rentas con ese importante paso del IMV, la historia se volviera a repetir. y tuviéramos que seguir dedicados en Servicios Sociales a paliar lo que el IMV no garantiza: la supervivencia de las personas.
Salir de ese arraigado papel residual es muy complicado, pues supone una redefinición global de la política social que no estamos en condiciones de asumir todavía. La otra opción es asumir el encargo social y definir las cosas dentro del sistema con más claridad, adaptando las estructuras y prestaciones del sistema a esa residualidad que se nos impone y a esos sectores de población empobrecidos, desvalidos o improductivos que el resto de sistemas no van a atender. El sistema debería variar más hacia una especie de gestoría para pobres, que se limitase a asumir las prescripciones y derivaciones del resto de sistemas y a tramitar los recursos que ellos determinen.
Ambos caminos son difíciles. Con el primero se garantizaría que los grandes problemas sociales se abordaran transversalmente por toda la política social y permitiría al Sistema de Servicios Sociales abordar los problemas relacionales y convivenciales de la sociedad de una forma mucho más funcional.
Con el segundo se produciría una redistribución de los recursos entre los diferentes sistemas clarificando las funciones y destinatarios de cada uno de ellos, y para el Sistema de Servicios Sociales supondría resolver ese insoportable deslizamiento de contexto que supone el pretender definirse de una manera e identificarse en la práctica de forma contraria a esa definición.
El problema es que, mientras lo discutimos, los que pierden son siempre los mismos.
Cuando cesó el confinamiento, el Gobierno diseñó una campaña institucional: "Salimos más fuertes". Cuando salgamos de esta crisis pandémica, sin duda, el lema será: "Los ricos salimos más ricos y los pobres... más pobres".
¿Apostamos?