Silencio

En estos tiempos, uno ya no sabe qué es verdad ni qué es mentira. Pero la noticia de que el PP pretende prohibir que los funcionarios públicos se manifiesten me la creo. Me parece coherente con el estilo de gobierno que han instaurado, con su ideología y, sobre todo, con su miedo.

Como funcionario público, he leído la noticia y casi me atraganto. Aunque, como os digo, tras reflexionar un poco, me parece que no hay nada de lo que sorprenderse. Que el Partido Popular pretenda que los funcionarios nos quedemos callados ante sus tropelías (de las que en muchas ocasiones somos testigos de excepción) no es sino la demostración de cómo entienden la administración y, en el fondo, la democracia.

Porque esta cuadrilla piensa que la administración pública es su cortijo y que los funcionarios no podemos expresar ningún tipo de desacuerdo con las políticas que ejecutan. Y para impedirlo, nada mejor que mostrar su autoritarismo mediante la instauración de diversas sanciones a los funcionarios que se atrevan a contradecirles.

Para esconder lo que no es sino una estrategia para conservar el poder a toda costa, exhiben el argumento de que los funcionarios debemos ser neutrales. En concreto, parece que argumentan entre otros el Artículo 52 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice lo siguiente:

“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres".

A pesar de lo denostados que estamos los empleados públicos y de todos los prejuicios que caen sobre nosotros (y que en muchas ocasiones los gobernantes se afanan interesadamente en alimentar), la gran mayoría de los funcionarios que conozco cumplen con creces este artículo. Algunos no, justo es decirlo, pero la vocación de servicio público, y por tanto el empeño en dar el mejor servicio posible a la ciudadanía es algo mayoritariamente extendido en la administración. Otra cosa son los medios que se están poniendo a nuestro alcance para desarrollar este servicio, o la nefasta organización e ineficaz e incompetente dirección que desde el poder político se impone para dicho desarrollo.

Por otra parte, no veo en los artículos que se esgrimen ningún argumento para intentar evitar que nos pronunciemos y nos manifestemos ante lo que consideramos injusto. Es más, creo que es una obligación nuestra el denunciar y poner de relieve cuantas medidas políticas vulneren los derechos de los ciudadanos. En el ámbito del Trabajo Social creo que es además algo inherente a nuestra profesión.

Sin entrar en razones históricas o de identidad profesional, en lo más concreto podríamos citar, por ejemplo, el Artículo 39 de nuestro Código Deontológico, que viene a decir lo siguiente: "El/la profesional del trabajo social debe dar a conocer a los responsables o directivos de la institución u organismo donde presta sus servicios, las condiciones y medios indispensables para llevar a cabo la intervención social que le ha sido confiada, así como todo aquello que obstaculice su labor profesional."

Así mismo podríamos aludir al Artículo 34, que viene a decir algo parecido, o al 46, que nos recuerda nuestra "responsabilidad principal hacia la persona usuaria" para lo cual debemos "proponer los necesarios cambios de política, procedimientos y actuaciones".

De modo que está claro: manifestarse contra las políticas de recortes y vulneradoras de derechos humanos y sociales que está desarrollando este gobierno no es sólo nuestro derecho.

Es además, desde nuestra responsabilidad, una obligación.