La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (a la que felicito por su impagable labor en defensa de este maltratado sistema) ha denunciado recientemente el Real Decreto con el que el Gobierno de la nación pretende regular el bono social para el consumo de energía eléctrica.
Os dejo los principales enlaces y
noticias en prensa con los que la Asociación de Directores analizan y denuncian
de manera brillante esta nueva felonía del Gobierno:
Resumidamente el Plan que el
Gobierno diseña con este Decreto para luchar contra la Pobreza Energética
(¡joder con la palabrita!) es hacer recaer en los Servicios Sociales,
gestionados mayoritariamente por las entidades locales, el pago de las facturas
de los ciudadanos considerados vulnerables.
Ello producirá una serie de
lagunas y efectos perversos que de modo exhaustivo y acertado señalan en la
Asociación. Resumo los principales.
- El impacto presupuestario y la sobrecarga de gestión para los servicios sociales locales.
- El ninguneo de los órganos establecidos en el sistema para el diseño de la norma y de los técnicos de servicios sociales en la definición de las situaciones de “vulnerabilidad” o “riesgo de exclusión”.
- El carácter antipedagógico (desresponsabilización, incrementos del consumo…) y paternalista de la medida.
- Traslado de la “culpa” por los cortes del suministro a los servicios sociales locales
En resumen, una medida que lava
la cara del Gobierno (eximiéndole de responsabilidades), beneficia a las compañías
eléctricas, no soluciona el problema de la pobreza (del cual la mal llamada “pobreza
energética” no es sino una parcial manifestación) y dañará un poco más el
maltrecho sistema de servicios sociales.
El asunto es de tanta gravedad
que sorprende que no haya recibido una contestación contundente de las
entidades locales y sus órganos de representación, así como del resto de
partidos políticos. Y no puedo por menos que preguntarme a qué puede ser
debido.
Puede ser porque en el fondo este
tipo de actuaciones tienen un gran refrendo a nivel político y ciudadano.
Algunas comunidades autónomas y entidades locales han aprobado normas que
responden a un modelo parecido.
La fragmentación, deterioro y
dispersión del sistema, así como la cultura individualista y neoliberal en el
que está inscrito ha impedido que se desarrollasen verdaderas políticas integrales
de lucha contra la pobreza, donde el sistema de servicios sociales no debería
ser sino un más de los múltiples agentes que deberían intervenir. En su lugar
se ha interiorizado que de la pobreza se debe ocupar exclusivamente el sistema
de servicios sociales (convertido en el sistema para atender a los pobres). Y
qué mejor manera para ocuparse de ello que pagar sus facturas.
El otro día, la compañera bloguera Belén compartía en las redes una demanda que le había llegado por parte de un abogado presentando un escrito en servicios sociales para que estos paguen el agua de una vivienda vacía "porque la inquilina fue desahuciada". Parece una anécdota, pero no lo es. Se trata de algo más generalizado. Pagar las facturas es lo que hacemos en servicios sociales ¿no? En mi Centro, con cierta frecuencia recibimos alguna consulta de algún propietario de vivienda alquilada, que se dirige a nosotros solicitando que paguemos los alquileres que la familia inquilina (a la cual ni conocemos) le adeuda.
Y es que el principal problema es que, salvo excepciones, la sociedad en general atribuye que la principal función del
sistema de servicios sociales es pagar las facturas de los pobres. Eso sí,
asegurándonos bien de que son pobres, que ya se sabe la picaresca que hay en
este país desde los tiempos del Lazarillo de Tormes.
Los que aún pensamos (no sé
cuanto tiempo más podremos resistir) que los servicios sociales son otra cosa
haremos bien en intentar señalar y denunciar lo que hay detrás de este tipo de
iniciativas y hemos de agradecer que la Asociación de Directores de Servicios
Sociales esté tirando del carro en este sentido.
Gracias por dar eco al asunto. Yo también me pregunto dónde se han metido much@s de los que tendrían que haber reaccionado.
ResponderEliminarO hacemos algo o vamos a un sistema residual. Incluso en la beneficencia los profesionales dictaminaban situaciones que implicaban protección. Ahora dictamina un BOE, los SS pagan la factura y los profesionales "meten datos". Y los ciudadanos sin derechos.
Gracias a tí. El eco era obligado en un blog como el mío. Coincido en tu diagnóstico, creo que ya nos hemos convertido en un sistema residual y no acierto a ver cómo podemos salir de ahí... Saludos y gracias a vosotros por vuestra defensa.
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