Acaba de terminar el XII Congreso del Trabajo Social, al que he asistido estos días en Málaga. Entre sus principales conclusiones, la necesidad de reformar la Constitución para garantizar la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales en todo el Estado. Noticia.
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| http://www.flickr.com/photos/esparta/453100543/ |
L@s colegas que amablemente me leéis ya sabéis a qué me refiero. Pero por si algún otro incauto se deja llevar por la amistad conmigo y se atreve a leer esta entrada, le explicaré antes dos cosas: primero y aunque le suene sorprendente, nunca ha estado garantizada la prestación de Servicios Sociales a los ciudadanos de este país. Que tuviéramos unos servicios sociales u otros, (o ninguno), dependía en exlcusiva de las Comunidades Autónomas y de los Municipios. Depende de donde vivieras podrías tener reconocidos unos servicios u otros.
También a Wang le ha sonado siempre raro cuando le he explicado las grandes diferencias en los servicios que se han dado entre unas zonas y otras. Y más raro le suena cuando le explico que reclamamos ¡reformar la Constitución! para acabar con estas diferencias.
El pasado día 8 de noviembre publicaba aquí una
entrada hablando de algunas de estas cosas y surgieron algunos comentarios que me han llevado, junto a las conclusiones del Congreso que os cuento, a publicar ésta.
Nos recordaba Juan G. Currás, Vocal del Consejo General y vicepresidente del Colegio Oficial de Cantabria, que la promulgación de una Ley General de Servicios Sociales y de la necesidad de reforma de la Constitución para ello era una reivindicación histórica de los profesionales de nuestro sistema, que se remonta a los años en que se creó el mismo, allá por los primeros 80. Agradezco a Juan sus precisiones.
Los magníficos profesionales que lo hicieron posible, capitaneados por Patrocinio de las Heras, tal y como nos cuenta Juan, ante las dificultades de contar con una Ley General diseñaron y pusieron en marcha el Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas para dar cobertura al Sistema. Se basó el mismo en la voluntariedad de concertación de las Comunidades Autónomas.El Trabajo Social en general ha de sentirse orgulloso de haber
contribuido tan decisivamente a la creación y desarrollo de este sistema
y la sociedad y nuestra profesión están en deuda con los profesionales
que lo hicieron posible.
Por mi parte, viví de primera mano este nacimiento del sistema, primero de estudiante y luego de
incipiente trabajador social, allá por los años 80. He vivido, he gozado y he sufrido
todas las virtudes e imperfecciones de este modelo con el que se creó el
sistema público de servicios sociales. También desde mi condición de
peón del mismo, he intentado contribuir junto a
montones de compañeros/as a su desarrollo.
Soy consciente de las
dificultades de entonces y la opción de crear un sistema así, sustentado en un Plan y en la voluntariedad de concertación, probablemente fuese la única. Tampoco
tengo ninguna duda de que antes, durante y después, los profesionales del
sistema hemos seguido reivindicando la necesidad de esa Ley General.
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Esas mismas imperfecciones nos ha
obligado a muchos profesionales a hacer cosas bastante raras. Por ejemplo, yo
he tenido que hacer “trabajo social de
contrabando”, con ciudadanos de municipios cuyos alcaldes se negaban a
pertenecer al sistema. Mi compromiso ético me llevaba a no poder entender cómo
atender a unos ciudadanos no y a otros sí, no en función de sus necesidades,
sino del municipio de mi zona donde vivieran.
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Lo comparaba con Sanidad y me
preguntaba qué pasaría si a los ciudadanos de esos municipios se les hubiese
negado la asistencia sanitaria por la misma razón. O que ocurriría si niños de un municipio
acudieran a la escuela y otros no en función de la voluntad del alcalde o la
corporación municipal. La respuesta era siempre la misma: estos sistemas tienen
una Ley General y nosotros no.
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Además de sufrir esas
imperfecciones, (que como digo no le restan ni un ápice de valor a la
construcción del sistema), no es menos cierto que, al poco de nacer, se le fue
dejando morir. La aportación estatal al Plan Concertado, incluso en tiempos de
gobiernos progresistas, distó mucho de la que hubiera sido necesaria si de
verdad se hubiese creído en el sistema.
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Y poco a poco, lo que nació con
una gran ilusión se fue deteriorando y difuminando en la maraña de normativas y
dispositivos extraños que tuvimos que ir desarrollando para ir paliando dichas
carencias e imperfecciones.
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| http://www.flickr.com/photos/paco_calvino/1810690809/ |
Hasta tal punto que hablar de
sistema de servicios sociales comenzó hace tiempo a ser un ejercicio de buena
voluntad muy generoso. Es tal la heterogeneidad y diversidad de los servicios
sociales, no solo entre comunidades autónomas, sino dentro de las propias
comunidades e incluso municipios, que unos servicios empiezan a parecerse a
otros tanto como los huevos a las castañas. Porque tal heterogeneidad no era
fruto de las diferentes realidades o contextos geográficos y sociales, lo cual
hubiese sido una riqueza. Respondían únicamente a criterios políticos,
reconociendo servicios y derechos a unos ciudadanos u otros en función de su
lugar de residencia, creando graves diferencias e injusticias.
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Y en este marco llega la Ley de
Dependencia. Particularmente nunca entendí (no soy jurista pero a pesar de que
varios de ellos me lo han explicado sigo sin entenderlo) cómo se pudo aludir al
artículo 149 de la Constitución, que da competencias al Estado para “la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles” para justificar la
necesidad de una ley nacional para la dependencia y la misma argumentación no
servía para justificar la ley general para servicios sociales.
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Lo que valía para una parte, no valía para el todo, y llegaron a confundirse ambos. Así se introdujo todavía más
fragmentación y confusión y nos tuvimos que oir cosas como que el cuarto pilar
del Estado de Bienestar era el Sistema de Atención a la Dependencia. A lo
cual muchas voces de la profesión respondieron adecuadamente.
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Yo creo que entre los
profesionales no hay ninguna duda.
Joaquín Santos en su libro explica muy bien esto del
cuarto pilar y las dificultades para su definición terminológica y conceptual.
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Pero si es cierto que entre
profesionales hay consenso, no es menos cierto que los partidos políticos, (los
que nos gobiernan por supuesto, pero también los que nos han gobernado en
etapas anteriores, aunque ahora hablen de reformar la constitución para ello)
no han creído demasiado, por no decir nada, en un Sistema Público de Servicios
Sociales verdaderamente estructurado. Salvo honrosas excepciones, como la época a la que nos estamos refiriendo y algún gobierno o iniciativa puntual en todo el Estado.
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Ahora el partido político gobernante pretende acabar con el Sistema Público de Servicios Sociales. Mientras, partidos políticos en la oposición plantean la reforma de la Constitución para garantizar los mínimos del Sistema en todo el Estado.
Tan diferentes como los huevos a las castañas. El único pero es que a veces los huevos se disfrazan de castañas y las castañas de huevos. Ya nos hemos confundido en varias ocasiones.