lunes, 15 de octubre de 2018

El gato que está triste y azul

A principios del verano pasado os proponía buscarle los seis pies al gato, en un intento de enriquecer el relato del Sistema de Servicios Sociales con metáforas complementarias a las que se vienen utilizando y sobre todo, intentando sustituir las concepciones que asimilan el contenido de nuestro sistema a la lucha contra la pobreza.


Sé que es una batalla perdida, pues los últimos pactos para los presupuestos generales del Estado vuelven a  poner en claro lo que ya sabemos: la invisibilidad del Sistema de Servicios Sociales y el encargo de nuestros gobernantes asignándonos como principal y casi única competencia la certificación y gestión de la pobreza.

Lo de la Ley de Dependencia como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, ya lo dejo para otro día, que Wang dice que no me conviene alterarme....

Lo que subyace es un grandísimo consenso en que el Sistema de Servicios Sociales ha de ser el basurero social, careciendo de espacio propio y teniendo que recoger lo que los demás sistemas de protección social no hacen, no pueden o no quieren hacer. Y esto último tiene que ver, habitualmente, con dedicar las prestaciones y servicios de estos sistemas a las personas más vulnerables o con más dificultades. Y ante las carencias de nuestro sistema para ejecutar semejante labor, hemos terminado en muchas ocasiones "escondiendo la basura bajo las alfombras", que es lo que principalmente han conseguido nuestras tan cacareadas y chapuceramente construidas prestaciones sociales. Es lo que tiene ser basureros diligentes: si no se puede limpiar la basura, al menos que no se vea demasiado...

Porque asignar la lucha contra la pobreza al Sistema de Servicio Sociales resulta tan paradójico como la situación del gato en la famosa canción de Roberto Carlos que da título a esta entrada.

¿Cómo puede un gato ser azul? Es más... ¿cómo puede "estar" azul?  Al parecer, se trata de una contradicción fruto de un error en la traducción de la letra de la canción.

Creo que la misma contradicción cometemos cuando hacemos de la pobreza el objeto de nuestro sistema y olvidamos que es algo transversal a toda la política social.

Todas las personas y profesionales que siguen asiduamente este blog saben que mantengo una clara posición al respecto de la relación entre pobreza y sistema de servicios sociales. Considero que no es nuestra  principal función ni debe ser nuestra exclusiva competencia.

No porque no me importe, claro. Como ciudadano me preocupan enormemente las situaciones de desventaja social, y como profesional presencio y atiendo a diario los terribles efectos en las personas que las atraviesan. 

Pero creo que el Sistema de Servicios Sociales no es el sistema que debe ocuparse de ello. No es nuestra finalidad el garantizar una vivienda o la subsistencia de las personas que no la tienen. No. El problema es que llevamos demasiado tiempo con el encargo social de que lo hagamos, creyendo en muchas ocasiones que debíamos hacerlo o, al menos, sin la suficiente claridad para oponernos.

Pondré un ejemplo. Es algo probado que una de las más eficaces medidas de lucha contra la pobreza es la universalización y gratuidad de la educación. Cuanto más se avance en ambos conceptos, más colaborará la educación a erradicar la pobreza. Hablamos de centros inclusivos, de libros de texto, materiales y comedores gratuitos, de actividades extraescolares, gratuidad en la educación 0-3 años, de servicios de conciliación.... Medidas que puede (y debe) implementar el sistema educativo, y no derivarlas (como hasta ahora en muchas ocasiones) al sistema de servicios sociales, estigmatizando a los destinatarios y haciendo que asumamos una responsabilidad impropia.

Lo mismo podríamos decir del resto de sistemas de protección social. En todos hay que implementar medidas por un lado para atender a las personas que se encuentran en situación de pobreza y por otro para colaborar a su erradicación. Sólo así evitaremos que al Sistema de Servicios Sociales no le suceda lo que a otro famoso gato, el de la famosa paradoja de Schrodinger, con un estado tan indefinido que estaba en la caja muerto y vivo a la vez.
 
Porque en este tema el principal protagonismo lo ha de tener el todavía inexistente Sistema de Garantía de Ingresos (que debería coordinarse con la política fiscal y laboral) y que el resto de sistemas deberíamos apoyar de forma complementaria. Lamentablemente a este Sistema de Garantía de Ingresos ni se le ve, ni se le espera: de Renta Básica ni hablamos y del disparate de las Rentas Mínimas, ya lo hicimos en la entrada anterior.

Y mientras, resurgen con fuerza discursos totalitarios preñados de xenofobia, machismo y aporofobia, creando un ambiente social en el que va a ser imposible modificar estructuralmente la política social de este país más allá de un ineficiente maquillaje que no conseguirá ni avanzar en justicia social ni reducir la desigualdad.

Tengo la sensación de que cuando seamos conscientes de todo ello, nos daremos cuenta de que ya habíamos llegado tarde.



viernes, 5 de octubre de 2018

Mendicidad en “B”


El disparate de las Rentas Mínimas no tiene límite. Parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene una particular lucha contra los perceptores de esta prestación, y exige a los solicitantes de la renta mínima de inserción una declaración jurada de sus ingresos en la calle. 


Y es que, al parecer en aras de la transparencia y en cumplimiento de la norma, exige que sean declarados y descontados de la prestación cualquier tipo de ingreso, proceda de donde proceda. Es algo previsto en la normativa que regula la prestación y que lleva aplicándose desde el principio y aunque su aplicación en estos casos de ingresos “irregulares” (como son los que obtienen las personas en situación de exclusión social para subsistir) debería realizarse con cierta flexibilidad, la Comunidad de Madrid parece optar por su aplicación más estricta. 

La máxima neoliberal de “débil con el fuerte, fuerte con el débil” llevada a su máxima expresión.

Y ahí andan los solicitantes que sobreviven de la mendicidad o de pequeños ingresos como recogida de chatarra, teniendo que hacer una especie de “estimación objetiva por módulos”, reflejando en ella esos miserables ingresos, que tras la aplicación de las correspondientes tablas de deducciones les supondrá una minoración importante en la renta a percibir (que de esta manera hará honor a su nombre: mínima). Es una medida inspectora que socava los derechos de estas personas y su dignidad.

Porque esta norma y su estricta aplicación tiene un olor a aporofobia que tira para atrás. 

Pero tiene una justificación importante. Hay que cumplir la ley. La pregunta es por qué tienen que cumplirla sólo los beneficiarios de estas rentas mínimas.

No estará de más recordar que hay otras leyes, como aquella que dice que hay que tributar impuestos por todos los ingresos que cualquier persona física o jurídica tenga. Y como es conocido por todos que entre las empresas y autónomos de este país hay una gran cantidad de dinero negro, que se oculta al fisco, podríamos aplicar para ellos la misma regla que para los anteriores.

Así, en la próxima declaración de impuestos, habría que exigir a las empresas y autónomos de este país una declaración complementaria, estimando los ingresos que generan en negro. En función de lo que declaren y comparándolo con el volumen de la empresa o negocio, se realiza una estimación de los impuestos complementarios que tienen que pagar por ese dinero negro, y todos tan contentos.

Es lo más justo ¿no? Transparencia, sí. Pero para todos. De pobreza, supervivencia y calidad de vida, ya hablamos otro día. Y si quieren, hasta de Renta Universal Básica.

 ***

Entrada dedicada a la gente del estupendo Foro Servicios Sociales de Madrid, al "Kolectivo Becerril" y en especial a Teresa Zamanillo,"instigadora" de este post.

sábado, 15 de septiembre de 2018

¿Qué hay de lo mío?...

No suelo meterme en este blog a analizar temas políticos o económicos generales. Bastante tengo con los rincones de la política social a los que aplico mi mirada de Trabajador Social. Pero es que la dimisión de la Ministra de Sanidad (y de otras cuestiones menores como Consumo o Bienestar Social...) me ha sugerido reflexiones que he decidido compartir.


Bueno, más bien se trata de la no-dimisión. Porque la forma en que la Ministra ha renunciado a su cargo cuando se le ha acusado de haber obtenido su título de master de forma fraudulenta utilizando los privilegios que su condición de diputada le daban, más bien ha parecido un cese que una dimisión.

Y es que con el esperpento que hemos presenciado, primero negando y ratificando-se, y luego "dimitiendo" sin reconocer ningún error, ni pedir disculpas por ello, la clase política ha vuelto a perder una oportunidad de oro (otra más) para regenerar el ejercicio de la política.

Dicho ejercicio, al cual estoy convencido de que la mayoría de las personas (exceptuando algunos delincuentes y personalidades narcisistas) acceden con un honesto interés por mejorar la sociedad, viene acompañado de una serie de privilegios y prebendas tan difíciles de rechazar que corrompen con facilidad esa primera motivación altruista y la dirigen hacia intereses particulares. Así, la política se convierte en una carrera profesional que permite el acceso a bienes y servicios difíciles de obtener de otra forma.

En ocasiones, este acceso a dichos bienes y privilegios se convierten en la principal motivación y ejercicio del político/a; otras veces simplemente le acompañan. Pero siempre están, y los políticos, unas veces más conscientemente y otras no tanto, se benefician de ello. Incluso hay ocasiones que los pueden considerar como una especie de compensación al duro oficio de la política o los consideran tan inherentemente unidos al cargo que no les genera ningún conflicto ético acceder a los mismos.

Resistirse a esos privilegios exige del político de una integridad y una determinación más propios de los héroes mitológicos que de los pobres humanos que ejercen esa actividad, así que por mi parte, me abstendré de juzgarlos ni de exigir para ellos una pureza absolutamente inmaculada que yo no tengo.
Creo que la línea entre beneficiarse de esos privilegios y cometer algún delito es bastante ténue y deben ser los jueces quienes la determinen.

Dicho lo cual, considero que en el caso del máster de esta Ministra hay indicios razonables de haberla cruzado, así que su dimisión era inevitable. Lástima que lo haya hecho tan mal.

Hace ya algunos años escribí un par de entradas sobre cómo pedir perdón. Son "Me he equivocado" y "El perdón y la nada", escritas precisamente a raiz de acontecimientos donde diversos políticos y cargos públicos eran acusados de corrupción.

Creo que el próximo político que vaya a dimitir debería leerlas. Pero como dudo que lo haga, le haré un resumen: reconocer el error, no poner excusas, pedir perdón, repararlo si es posible y marcharse. 

Sencillo ¿no?

No obstante, dados los problemas que están causando a nuestros políticos los estudios de posgrado, le propondré a Wang que incluya este tema en los planes de estudio de su Máster.



martes, 11 de septiembre de 2018

La trampa de la complejidad

En mi última entrada parodiaba el diseño de muchas de las prestaciones y servicios que se implementan en Servicios Sociales para dar respuesta a diferentes problemáticas sociales. Más allá de las chanzas, toca ahora reflexionar sobre el porqué de estas ineficientes políticas.


La mayoría de estas problemáticas, desde las más extensas como la pobreza o la desigualdad, la violencia contra la mujer, el maltrato y abuso a la infancia, la integración de inmigrantes... hasta las más concretas como el fracaso escolar, la soledad en que viven (y mueren) muchos de nuestros ancianos... son abordadas por los gestores de la política social mediante una combinación de dos factores: un análisis simplista de las causas de la problemática y de las medidas para solucionarla, acompañado de un complejo diseño en el planteamiento y desarrollo de esas medidas.

Sobre la simpleza en los análisis, pongamos algunos ejemplos recientes:

Sobre la complejidad con la que luego se diseñan las medidas con las que se piensa intervenir en la problemática, gran parte de las razones para ello las encontramos en esta entrevista a Félix Talego, profesor de Antropología Política de la Universidad de Sevilla, denunciando la "carrera de obstáculos" en que deliberadamente se han convertido las Rentas Mínimas de Inserción, ineficaces para solucionar las situaciones de pobreza, pero muy eficaces para castigar al pobre y mandar al resto de la sociedad un mensaje ejemplarizante.  Recomiendo que la leáis porque habla muy claro, y eso es algo que a veces echamos en falta.

La combinación del mensaje de las prestaciones como "derecho social"  (ver mi entrada "El corral") y la impúdica burocracia y exigencia de requisitos con las que se desarrollan es absolutamente perversa y responde a una especie de "conciencia social" a la que gran parte de la ideología neoliberal ha conseguido colonizar.

El mensaje fundamental se resume así: si eres pobre, si estás atravesando alguna situación de dificultad o incluso si tienes algún problema relacional, la culpa es tuya. No te estás esforzando lo suficiente o tus actitudes han provocado la situación. Aplíquese este mensaje en toda situación: al inmigrante que sólo quiere vivir de las ayudas que "les damos", a ese pobre menesteroso que no encuentra trabajo porque es un vago, o a esa mujer que "algo habrá hecho" o "algo pretende" si la han agredido....

Por lo tanto, vamos a ayudar a todos estos sectores de población, pero poco. Presupuestos escasos o muy contenidos. Ni hablar de incrementar estructuras o profesionales, medidas reactivas que sabemos que no sirven, pero se identifican claramente. Y sobre todo, mucha y compleja burocracia que contenga el gasto y fiscalice la vida de los destinatarios.

O empezamos a plantearnos seriamente que este no es el camino y a denunciar estas delirantes y perversas políticas sociales, o nos acostumbramos a vivir (si no lo hemos hecho ya) presenciando el incremento de todas estas (y otras) problemáticas.

Claro que para ello es previo un cambio en la mirada hacia dichas problemáticas para la que, como sociedad, tal vez  aún no estamos dispuestos.

jueves, 30 de agosto de 2018

Pobreza menstrual

Hace unos meses escribí una entrada en este blog sobre la perversidad que supone el ponerle apellidos a la pobreza. Lo que nunca pensé es que, dentro de la multitud de adjetivos con los que se está poniendo de moda acompañar el término, encontraríamos el de "pobreza menstrual".

 
 En dicha entrada "Pobreza Pérez", reflexionaba entre otras cosas sobre cómo el trocear y parcelar las situaciones de pobreza mediante esos calificativos es causa y consecuencia de una política social incapaz de abordar integralmente el problema y dirigida más bien a paliar o trabajar con las consecuencias de la pobreza, y no con sus causas. 

Pero esto de la "pobreza menstrual" me parece ya rizar el rizo. Los medios de comunicación lo están denominando así a raíz de la noticia de que en Escocia (ver noticia), han decidido facilitar a las mujeres que lo necesiten el acceso a estos productos higiénicos. 

La noticia no habla demasiado de cómo se va a implementar esa medida, pero parece ser que para no estigmatizar a las beneficiarias han tomado la decisión de entregar tampones y compresas de forma gratuita a todas las estudiantes del país.

Personalmente respeto esta medida, pues considero que los gastos en estos productos higiénicos suponen para muchas familias una dificultad en la que deben ser ayudadas, y aunque no estoy de acuerdo con el modelo de implantación (preferiría una suficiente política de garantía de ingresos para las familias combinada con una regulación de los precios en los productos de primera necesidad), sí me parece que contiene algunos elementos positivos, como el de cierta universalización, el citado de no estigmatización, el de no hacerlo a través del sistema de servicios sociales...

De todas formas, en nuestro país no creo que vayamos a copiar a los escoceses. Aquí tenemos nuestro propio sistema para hacer las cosas, y en el caso de que decidiéramos poner en marcha alguna medida al respecto, lo haríamos más o menos de la siguiente forma:
 .
Todo comenzaría con un Decreto elaborado por el Gobierno de la Nación con una larga y prolija explicación sobre lo conveniente y progresista de la medida. 

En dicho Decreto se determinarían las posibles beneficiarias, que se dividirían en seis subtipos mediante una combinación de sus capacidades económicas y las características y duración de su menstruación. Según su capacidad económica (personal y/o familiar según se trate de menores o no) se dividirán en mujeres vulnerables o mujeres muy vulnerables y según las características de la menstruación serán divididas en cortamente menstruantes, largamente menstruantes o irregularmente menstruantes.

Para cada subtipo se establecerá un porcentaje de financiación que podrá ir desde el 50% hasta el 90% del precio medio del coste mensual en este tipo de productos calculado para el mismo y que será delimitado por el Gobierno de forma mensual teniendo en cuenta la situación del mercado en cada momento. Para el cálculo del precio se aplicará un factor de corrección en función de si la mujer reside en el medio rural o el urbano.

Las mujeres que quieran acceder a estas prestaciones deberán acudir a los servicios sociales de su zona a solicitarlas. En función del estudio de la capacidad económica y del informe médico preceptivo que tendrán que aportar sobre las características de su mensturación, los servicios sociales establecerán el subtipo al que pertenecen y el porcentaje de financiación. Para el cálculo del porcentaje se establecerán y aplicarán por parte de los servicios sociales los correspondientes coeficientes en función de si se trata de mujeres víctimas de violencia, con alguna discapacidad, familias monomarentales y otras.

La concesión de la prestación será durante un año, (pudiendo ser revisada en cualquier momento, claro), durante el cual la entidad local titular de los servicios sociales ingresará cada mes al establecimiento elegido por la usuaria la cantidad resultante del porcentaje concedido. Sólo podrán elegirse los establecimientos que hayan firmado previamente un convenio con la entidad local en el cual, entre otras cosas, se garantice la confidencialidad de los datos. El Gobierno proporcionará un modelo de convenio para dichas situaciones.

De forma mensual el establecimiento remitirá un listado con las mujeres beneficiarias y el gasto efectuado en cada una de ellas a los servicios sociales de la zona. Dichos servicios sociales compararán dichos listados con las facturas que, tras efectuar la compra, la mujer beneficiaria debe entregar a los mismos. Así se comprobará mensualmente el adecuado destino de los fondos.

Una vez acreditado el destino y certificado correctamente el gasto, la entidad local remitirá dichos listados y toda la documentación a su comunidad autónoma, quien financiará a la entidad local un porcentaje entre el 50% y el 75% de los gastos efectuados según los subtipos de mujeres beneficiarias.

-¡Mucho mejor que los escoceses!, me ha espetado Wang cuando se lo he explicado, al tiempo que me preguntaba si también se financiaría de algún modo la copa menstrual a las mujeres pobres.

-No lo se, Wang, -le he contestado-. Habrá que crear alguna comisión al respecto.