Se ha instaurado en el imaginario colectivo conceptos relacionados con la pobreza que me tienen especialmente preocupado, pues han sido asumidos sin paliativos por la sociedad, la clase política e incluso gran cantidad de técnicos y profesionales de esto de “lo social”.
Uno de ellos es que la pobreza
tiene apellidos. Se ha puesto de moda de manera generalizada referirnos a la
pobreza energética. Incluso tenemos leyes con esa denominación. A mí reconozco
que me da urticaria el término, pues siempre he entendido que las dificultades
de una familia para hacer frente a los gastos derivados del consumo energético
no es sino una más de las consecuencias de la pobreza en que esa familia se
encuentra.
Esa misma familia también tendrá
problemas para alimentarse de modo adecuado (pobreza alimentaria, podríamos
llamarla). O para hacer frente a los gastos escolares de sus hijos (¿pobreza
escolar, tal vez…?). O para desplazarse por el municipio o ciudad asumiendo los
gastos de transporte (¿pobreza de movilidad?). O para adquirir los productos
necesarios de higiene personal (¿pobreza higiénica?) o doméstica (¿pobreza
domiciliaria?).
Por supuesto, esa misma situación
de pobreza les llevará a tener dificultades para el acceso a la medicación
necesaria para sus enfermedades (¿pobreza farmacéutica?) o el acceso a otros
tratamientos o terapias (¿pobreza rehabilitadora?, ¿pobreza terapéutica?).
Y así hasta el infinito, pues las
consecuencias de la pobreza son terribles y atañen a todas las áreas de necesidades
materiales básicas de las personas. Me limito a este ámbito material para no
hacer muy largo mi análisis, dejamos para otra ocasión las repercusiones en
otras áreas relacionales, psicológicas y sociales que son igualmente
dramáticas.
¿Acaso todas estas “pobrezas” no
se merecen también sus leyes y normas? Sería algo coherente con lo que estamos
haciendo pues en lugar de plantearnos cómo lograr que las personas y familias
superen la situación de pobreza en la que se encuentran, nos limitamos a trocear
dichas situaciones y parcelarlas mediante esos calificativos o “apellidos”, de
manera que la política social se dirige a paliar o trabajar con las
consecuencias de la pobreza, y no con sus causas.
Pareciera que hemos asumido que
la pobreza es algo estructural, consecuencia de la política económica global, y
que por tanto hemos de dedicar la política social a esas medidas paliativas de
los efectos de la misma. Es lo que llamo una especie de “neobeneficencia
institucionalizada”, que impide y sirve de argumento para no tener que diseñar
políticas sociales globales en las que pueda apoyarse la verdadera eliminación
de la pobreza.
Entre ellas, y sólo a modo de
apunte, un sistema de garantía de rentas y un acceso universal, gratuito y real
a la vivienda (con los suministros básicos incluidos), educación y sanidad.



