miércoles, 28 de junio de 2017

Pagar las facturas



La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (a la que felicito por su impagable labor en defensa de este maltratado sistema) ha denunciado recientemente el Real Decreto con el que el Gobierno de la nación pretende regular el bono social para el consumo de energía eléctrica.


Y a pesar de que tenía un pacto con Wang sobre los temas de los que iba a escribir este verano (le había prometido hablar de cosas ligeras), el tema de este Decreto tiene un trasfondo que no podemos dejar pasar.

Os dejo los principales enlaces y noticias en prensa con los que la Asociación de Directores analizan y denuncian de manera brillante esta nueva felonía del Gobierno:

Resumidamente el Plan que el Gobierno diseña con este Decreto para luchar contra la Pobreza Energética (¡joder con la palabrita!) es hacer recaer en los Servicios Sociales, gestionados mayoritariamente por las entidades locales, el pago de las facturas de los ciudadanos considerados vulnerables.

Ello producirá una serie de lagunas y efectos perversos que de modo exhaustivo y acertado señalan en la Asociación. Resumo los principales.
  •   El impacto presupuestario y la sobrecarga de gestión para los servicios sociales locales. 
  •  El ninguneo de los órganos establecidos en el sistema para el diseño de la norma y de los técnicos de servicios sociales en la definición de las situaciones de “vulnerabilidad” o “riesgo de exclusión”.
  •  El carácter antipedagógico (desresponsabilización, incrementos del consumo…) y paternalista de la medida.
  • Traslado de la “culpa” por los cortes del suministro a los servicios sociales locales

En resumen, una medida que lava la cara del Gobierno (eximiéndole de responsabilidades), beneficia a las compañías eléctricas, no soluciona el problema de la pobreza (del cual la mal llamada “pobreza energética” no es sino una parcial manifestación) y dañará un poco más el maltrecho sistema de servicios sociales.

El asunto es de tanta gravedad que sorprende que no haya recibido una contestación contundente de las entidades locales y sus órganos de representación, así como del resto de partidos políticos. Y no puedo por menos que preguntarme a qué puede ser debido.

Puede ser porque en el fondo este tipo de actuaciones tienen un gran refrendo a nivel político y ciudadano. Algunas comunidades autónomas y entidades locales han aprobado normas que responden a un modelo parecido.

La fragmentación, deterioro y dispersión del sistema, así como la cultura individualista y neoliberal en el que está inscrito ha impedido que se desarrollasen verdaderas políticas integrales de lucha contra la pobreza, donde el sistema de servicios sociales no debería ser sino un más de los múltiples agentes que deberían intervenir. En su lugar se ha interiorizado que de la pobreza se debe ocupar exclusivamente el sistema de servicios sociales (convertido en el sistema para atender a los pobres). Y qué mejor manera para ocuparse de ello que pagar sus facturas.

El otro día, la compañera bloguera Belén compartía en las redes una demanda que le había llegado por parte de un abogado presentando un escrito en servicios sociales para que estos paguen el agua de una vivienda vacía "porque la inquilina fue desahuciada". Parece una anécdota, pero no lo es. Se trata de algo más generalizado. Pagar las facturas es lo que hacemos en servicios sociales ¿no? En mi Centro, con cierta frecuencia recibimos alguna consulta de algún propietario de vivienda alquilada, que se dirige a nosotros solicitando que paguemos los alquileres que la familia inquilina (a la cual ni conocemos) le adeuda.

Y es que el principal problema es que, salvo excepciones, la sociedad en general atribuye que la principal función del sistema de servicios sociales es pagar las facturas de los pobres. Eso sí, asegurándonos bien de que son pobres, que ya se sabe la picaresca que hay en este país desde los tiempos del Lazarillo de Tormes.

Los que aún pensamos (no sé cuanto tiempo más podremos resistir) que los servicios sociales son otra cosa haremos bien en intentar señalar y denunciar lo que hay detrás de este tipo de iniciativas y hemos de agradecer que la Asociación de Directores de Servicios Sociales esté tirando del carro en este sentido.

lunes, 12 de junio de 2017

Amancio I "El benefactor"

Bienvenidos al nuevo régimen. Si alguna duda teníamos respecto a qué clase de Estado teníamos, viene el aclamado Rey Amancio I, sentando sus reales, a proclamar su forma:  Monarquía filantrópico-caritativa. 


Y es que eso de que España haya sido durante varios años un Estado Social y Democrático de Derecho es algo que podemos ir olvidando. Se trata de un concepto anticuado, consagrado en nuestra vieja Constitución de 1978, cuyos principios han sido superados en la actualidad con los cambios derivados de la tecnología, la globalización y el nuevo orden económico mundial instaurado por los dogmas neoliberales.

Uno de estos dogmas se podría resumir así: hay que desregularizar la economía y quitar todas las trabas e impuestos a los empresarios; de este modo sus empresas serán cada vez más fuertes y tendrán más beneficios, lo que sin duda generará más empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad.

Esta suerte de "ósmosis social" en la cual el incremento de beneficios concentrado en las clases adineradas se filtra hacia las clases trabajadoras y menos pudientes ha sido puesto en cuestión por los datos sobre la evolución de la desigualdad. Por ejemplo, en los últimos ocho años el porcentaje de millonarios en relación a la población española casi se ha duplicado. Han pasado de representar el 0,28% de la población al 0,41%. Al mismo tiempo, los hogares con las rentas más bajas han pasado del 31,2% al 38,5 %. Es decir, el incremento de la riqueza en los ricos se traduce en más pobreza para los pobres. 

Pero sin duda esos datos (y otros tantos que podríamos argüir) deben estar equivocados. Así lo demuestra la donación que el empresario Amancio Ortega, (dueño de Inditex y considerado la cuarta fortuna a nivel mundial), acaba de hacer a la sanidad pública. Nada menos que 320 millones de euros para equipos oncológicos a repartir entre todas las comunidades españolas. ¿Qué mejor prueba puede haber de que la existencia de un rico como el que nombramos sólo puede traer beneficios a la sociedad?

La donación no ha estado exenta de polémica. Muchos sectores han expresado su agradecimiento ante semejante gesto en un tema tan sensible como doloroso, la atención al cáncer. Al mismo tiempo han aparecido críticas sobre el carácter finalista de la donación (tal vez las necesidades de la sanidad pública fueran otras), sobre que el dinero donado proceda del ahorro de impuestos que este empresario realiza mediante la deslocalización de sus empresas (y/o de la ingeniería fiscal de sus cuentas), e incluso sobre la agenda oculta que tiene la donación (desgravar más impuestos, réditos publicitarios, lavado de imagen y hasta favorecer sus propias empresas o contactos de mantenimiento).


Más allá de toda esta polémica sobre las razones de la misma, la donación no puede rechazarse. Sería insensato ( y dificilmente defendible para ningún gestor en la sanidad pública) no adquirir unos equipos que pueden favorecer la detección o tratamiento de una enfermedad tan grave y dolorosa a muchas personas. Pero ahí precisamente está su problema. 

Y es que junto con el necesario dinero que permitirá la compra de equipos va un mensaje y se impone un modelo. Solucionar las carencias del sistema sanitario pasa de ser responsabilidad pública a responsabilidad privada. Es perfectamente compatible recortar servicios y presupuestos en la sanidad y aceptar esas donaciones privadas que en parte los palíen. Por tanto, la sanidad deja de ser un derecho. Un enfermo de cáncer será mejor o peor tratado en función de la graciabilidad de algún filántropo que, como el que nos ocupa, decida dedicar unas migajas de su ingente fortuna al tratamiento de esa enfermedad. Si hubiera decidido dedicar esas migajas a otro noble fin, pongo por caso, el tratamiento de enfermedades raras en los niños, el tratamiento de su cáncer sería más precario.

Es una limosna institucionalizada. El filántropo elevado a la categoría de héroe. La beneficencia llevada a su máxima expresión. La compasión exhibida. La recepción obligada.

Como sociedad empobrecida, no nos queda otra que aceptar esa limosna y mirar con ojos agradecidos a aquel que nos da ese plato de sopa, al que, humillados, sabemos que no tenemos derecho.

Vencidos y arrodillados, demos la bienvenida al Rey Amancio I "El benefactor". Tus siervos te desean larga vida. A tí, y a la era que representas.



domingo, 4 de junio de 2017

¿Caballos de Troya?

Tras un mes de mayo bastante ajetreado con este blog y tras unos días sin escribir, retomo las reflexiones impactado y dolorido por los atentados ocurridos en Londres.


En este mundo globalizado, las muertes de personas inocentes a manos de unos radicales sanguinarios son dolorosas ocurran donde ocurran. Puede ser en Londres o en Yemen,  pueden estar impulsadas por motivos económicos, por cuestiones de fe religiosa, misoginia, racismo o por cualquier otra razón... Da igual. Pero también es cierto que, cuanto más cerca ocurren de nosotros, más parecen golpearnos.

Naturalmente, son abominables y repudiables estos actos de violencia, pero hoy quiero detenerme a analizar algunos aspectos colaterales que estos hechos iluminan y que me preocupan sobremanera. 

Porque si me golpean las muertes y agresiones a inocentes, también me quedo impactado y preocupado cuando leo y oigo algunas reacciones a las mismas. Y es que son demasiado frecuentes las arengas a expulsiones y deportaciones, las generalizaciones respecto a lo peligrosas que son otras culturas, o las llamadas a aplicar "mano dura" en asuntos de inmigración o ayudas sociales a extranjeros.

Puedo entender que muchas de estas manifestaciones están movidas por el dolor y por el miedo, pero muestran que está calando un mensaje: los "moros" son peligrosos y su inmigración es una estrategia, para, a modo de caballo de Troya, introducirse en nuestras sociedades occidentales y agredirnos en cuanto nos descuidemos.

En mi trabajo tengo contacto con bastantes familias de otras culturas y todas tienen algo en común. Han emigrado buscando únicamente una vida mejor para ellos y para sus hijos que la que, habitualmente por motivos de violencia o económicos, tenían en sus países de origen.

Y esto que tienen en común las familias de Senegal, Marruecos, Argelia, China o Rumanía es lo único que las diferencia de las familias españolas. Lo diré más claro: no son personas más violentas que nosotros, ni más vagos, ni más aprovechados, ni más radicales, ni más machistas, ni más incultos... Son exactamente como nosotros. Podéis preguntarle a Wang.

Claro que hay alimañas entre las familias de origen extranjero. Como las hay en las familias nacionales. Y haremos bien en controlarlas e impedir que causen daño en nuestras comunidades. Pero creo que estas generalizaciones tipo "musulmán = islamista radical" no son el camino.

Personalmente me parecen generalizaciones tan interesadas e injustas como otras con las que venimos lidiando en acción social. Por ejemplo la de "gitanos = vagos aprovechados", o "enfermo mental = violento peligroso", o tantas otras que en esta cultura neoliberal de mensajes simplones sólo pretenden sembrar las condiciones para que los privilegiados sigan enriqueciéndose.

Y no soy experto ni en geopolítica ni en historia, pero creo que responder a la violencia con violencia es siempre una mala opción.