miércoles, 5 de junio de 2019

Monarquía o república, o de cómo convertirnos en súbditos

Me declaro abiertamente republicano; esto es, que considero que el poder sobre los asuntos públicos ha de ejercerse por la representación elegida y temporal de los ciudadanos y no de forma indefinida por una persona que no ha sido escogida.


Y no, no me refiero a la actual forma de nuestro gobierno, esa monarquía parlamentaria en la que el Rey Felipe de Borbón tiene un caracter representativo. Preferiría, naturalmente, que esa representación fuera también elegida por los ciudadanos, pero me parece en estos momentos un asunto menor. De cierto carácter simbólico, pero menor.

Porque yo quiero referirme especialmente a los reyes que sí gobiernan. Que básicamente son las grandes corporaciones empresariales y financieras, que imponen sus agendas sobre lo que puede o no puede hacerse en nuestro país y a quien hay que beneficiar y a quien no. Con los resultados por todos conocidos: el incremento de la desigualdad y del número de pobres (paralelo al incremento del número de ricos).

Y entre todos estos reyes sobresale, por su carácter también simbólico y mediático, Amancio Ortega, el dueño de la todopoderosa empresa Inditex, a quien hace un par de años, con motivo de las primeras noticias sobre las donaciones que había hecho a la sanidad pública, declaré como Amancio I "El benefactor".

A través de aquellas donaciones fuimos conscientes de la verdadera forma de nuestro Estado: la monarquía filantrópico-caritativa.

En esta monarquía ya no son los ciudadanos quienes eligen las prioridades en el gasto social, o las necesidades que hay que atender. Estas van a venir marcadas por el capricho del Rey, que decidirá si se atiende el cáncer o la discapacidad intelectual, la pobreza infantil o la violencia contra la mujer, la investigación sobre enfermedades raras o sobre nuevos fármacos para la depresión...

Como todo ejercicio de poder caprichoso y absolutista, tiene diversos efectos para los súbditos que lo reciben. En el caso de este tipo de donaciones, no pueden rechazarse (¿quién dice que no a unos aparatos que pueden salvar vidas?) pero tampoco deberían aceptarse, pues implica que un capricho individual decide cómo abordar un problema público. Se trata en el fondo de una situación doblevincular, tal como fue definida por el antropólogo Gregory Bateson, en la cual dos premisas contradictorias exigen que se resuelva un problema inevitablemente irresoluble.

Y como es propio de estas situaciones doblevinculares, tampoco es posible señalar o criticar la contradicción, pues el estigma social asociado a la crítica exige que se asuma presentarse como un desalmado insensible al sufrimiento de las personas que sufren cáncer.

Esta monarquía absolutista filantrópico-caritativa utiliza varios disfraces, sabedora de que si se presenta con su verdadera fachada puede llamar a la revolución (y de todos es sabido que los cuellos de los reyes no se llevan bien con las revoluciones). Prefiere presentarse, por ejemplo, por "colaboración público-privada", un auténtico eufemismo con el que se defiende que aquello que no puede hacer lo público por sus limitaciones presupuestarias, se haga desde lo privado, bien desde la iniciativa social organizada o bien desde la acción social de distintas entidades.

Otro día hablaremos de las entidades "sin ánimo de lucro", asumiendo cada vez más responsabilidades en la atención de las necesidades  y sustituyendo funciones que deberían ser responsabilidad pública, o de las subvenciones mediante las cuales el Estado proclama incentivar las líneas prioritarias en dicha atención cuando lo que en el fondo está haciendo es desresponsabilizarse de las mismas.

Lo que está en el fondo es la desaparición del Estado del Bienestar, asentado en eso que nuestra Constitución define como Estado Social y democrático de Derecho y que, como estamos viendo, se está sustituyendo por esa Monarquía Filantrópico-Caritativa.

Han triunfado las tesis que defienden un Estado cada vez más pequeño, despreocupado de los asuntos públicos que suponen atender las necesidades de los ciudadanos, las cuales quedan en manos de la solidaridad ciudadana o de la magnanimidad de los poderosos. Una sociedad convencida de que esto es un avance tiene poca capacidad para cambiar esta deriva.

Wang, como buen ex-guerrero Tai-Ping, dice que la única forma de cambiarla es la revolución. Yo estoy de acuerdo, pero no veo posible la misma. Así que tal vez el único camino que nos quede sea unirnos al clamor popular y gritar ¡VIVA EL REY!, mientras esperamos vientos más favorables.

Y es que para recorrer el camino de ciudadanos a súbditos la verdad es que no hacía falta tanto viaje.


miércoles, 29 de mayo de 2019

Tiempo de reflexión

Casi se me pasa este año, pero el día dos de mayo este pequeño blog ha cumplido siete años intentando aportar una mirada sobre algunos aspectos de la realidad y de la política social en nuestro país.


Y como en todos los aniversarios, no puedo dejar de dedicar un espacio para la reflexión, echar la vista atrás y ver qué ha pasado desde ese ya lejano 2012 en que comenzábamos a escribir de estos extraños temas desde una posición que intenta mezclar algunas referencias teóricas con la experiencia de haber trabajado en la atención social primaria durante treinta años.

Esta experiencia me sirve para tamizar algunos de los desarrollos del Sistema de Servicios Sociales y de la posición del Trabajo Social dentro del mismo incorporando a los diseños y paradigmas que se van creando (esencialmente a través de la legislación y planificación social, pero no sólo) una visión pragmática que me permite evaluar, (de un modo sesgado y limitado pero concreto y aplicado) el impacto de todo ello en la vida y el bienestar de las personas y poblaciones a las que tengo acceso.

Lo primero es la constatación de la deriva asistencialista del sistema. Atender la pobreza se ha convertido en la principal marca de contexto del mismo, constituyendose en su principal función y, en el marco de una política social neoliberal, concretándose en realizar certificaciones de la situación de precariedad que permitan acceder a los insuficientes y contradictorios servicios y prestaciones (económicas la mayoría) que dicha política diseña.

Lo segundo es la renuncia a redefinir el sistema desde otras claves que superen la posición residual respecto al resto de áreas de la política social. El Sistema de Servicios Sociales tiene el encargo social de proporcionar a los pobres lo que los otros sistemas no pueden, no saben, o no quieren proporcionar. Ello, naturalmente, es ineficaz, pero no importa. Lo verdaderamente importante es que permite al resto de sistemas expiar sus pecados y seguir desarrollando sus políticas sin excesivas presiones y expulsar los problemas difíciles hacia otro sistema donde, si no se resuelven, los primeros quedan salvados de responsabilidad alguna. 

En el fondo es hacer trampas al solitario. Sabemos que los problemas no se resuelven así, atribuyendo esas funciones al Sistema de Servicios Sociales, pero hay un gran consenso social para creer que ese es el camino, más allá de la evidencia de constatar como los grandes problemas de la sociedad como la pobreza, la desigualdad o la violencia se han cronificado desde hace más tiempo del que creemos.

Como consecuencia de esta función expiatoria tan necesaria aparece por tanto la indefinición, confusión y descoordinación en el marco normativo y legislativo que subyace (que no sustenta) al sistema. Hace tiempo que el sistema renunció a una Ley General que lo definiese. Las leyes generales están para los sistemas importantes y, no nos engañemos, en este terreno los servicios sociales jugamos en las divisiones más humildes. El Sistema ha optado por legislar de modo parcial (dependencia por ejemplo) o de modo territorial (leyes autonómicas y normativas locales), configurando un entramado descoordinado y confuso tras el que poder esconder las miserias de nuestra política social.

En otro orden de cosas, en estos años se ha consolidado otra tendencia, que tiene que ver con la atomización de la intervención a todos los niveles. Las relaciones se van individualizando cada vez más y las intervenciones conjuntas empiezan a ser la excepción. Es una tendencia que se ha incrementado en la relación entre sistemas, cada vez más descoordinados y con menos relación entre sí. Cada sistema se considera una una entidad autocapacitada en sí misma para intervenir en la parte del problema que considera oportuno. Los problemas complejos se escinden y se parten en trozos, de manera que cada cual puede ocuparse de la parte que se autoatribuye, sin necesidad de coordinarse con los demás. El mantra de la confidencialidad o el secreto profesional se está utilizando para evitar dichos abordajes conjuntos, a costa de cronificar y de aportar soluciones ineficaces a los problemas.

En cuanto al Trabajo Social opino que como profesión no hemos sabido situarnos ante estas realidades. Creo que nos falta reflexión conjunta y consenso, dos bienes escasos que tenemos que recuperar.

Y estas son las principales tendencias sobre las que ando reflexionando en este séptimo aniversario del blog. Por lo demás, Wang y yo tenemos intención de seguir. Por octavo año consecutivo amenazamos con seguir dando la tabarra con nuestras convicciones, esperanzados en que alguna vez cambien los vientos y las tendencias que he descrito se modifiquen hacia una sociedad más habitable y amable que la que tenemos.


miércoles, 15 de mayo de 2019

Crisis... ¿qué crisis?

No, no voy a hablar de la crisis económica, esa sobre la que los políticos y economistas discuten si ha pasado o no, mientras los pobres, los de siempre, siguen en ella de manera crónica, incluso antes de que se anunciara y, por supuesto, después de que se declare su superación. Y es que los pobres siempre están en crisis.


Así que hoy no me voy a ocupar de esa crisis. Voy a hacerlo de otra de la que llevamos mucho tiempo hablando en el sector. La crisis del sistema de servicios sociales.

Las dos crisis son isomorfas. Lejos de ser coyunturales, son consecuencia de deficits estructurales en la sociedad y, por tanto, crónicas e independientes de las condiciones temporales del contexto. La primera, la económica, consecuencia de la estructura social de nuestro país, terriblemente desigual y que mantiene a grandes capas de la población en situación de pobreza. La segunda, la del sistema, consecuencia de su confusa definición y de su compleja y dispersa creación y organización.

Practicamente desde la creación del sistema llevamos hablando de su crisis. El Sistema de Servicios Sociales se asentó con unas bases jurídicas y organizativas tan débiles y confusas que, operativamente, no podemos hablar de un sistema como tal, sino de una compleja amalgama de prestaciones y actividades en acción social de imposible armonización y sobre todo, de escasa eficacia para solucionar problemas.

Llevo mucho tiempo abogando porque no podemos solucionar los graves deficits del sistema sin una redefinición del mismo en el marco de la política social general. Es necesaria una revolución epistemológica, previa a la organizativa.

Para mí, pasa por afrontar uno de nuestros grandes paradigmas. El binomio servicios sociales - pobreza. La pobreza no puede ser objeto del sistema de servicios sociales, como está ocurriendo ahora.

Esa relación simbiótica que hemos mantenido con la misma ha hecho que hoy se identifique al Sistema (por la mayoría de los políticos y por la mayoría de los ciudadanos, con escasas excepciones) como un proveedor de recursos, básicamente dinero, para las situaciones de pobreza y necesidad.

Esta simbiosis contamina de tal manera al Sistema (tanto conceptual como operativamente) que le hace incapaz para desarrollar otras funciones que podrían ser más propias del mismo: la inclusión social, la protección ante las diversas formas de violencia, las dificultades relacionales y convivenciales, la autonomía y los cuidados...

Estoy convencido de que el Sistema no puede seguir integrando ambos grupos de funciones, resumidamente las que tienen que ver con la supervivencia material de las personas (dinero, vivienda, empleo...) y las que tienen que ver con su universo convivencial y relacional. En esta relación, vale el viejo aforismo: "quien a dos amos sirve, con uno de ellos quedará mal".

Personalmente, creo que estamos quedando mal con los dos. En el primero de ellos estamos realizando una exigua transferencia de renta con tantas trabas y precauciones, que es absolutamente ineficaz para solucionar las situaciones de pobreza que se pretenden, colaborando además en la cronificación de muchas de ellas.

Con respecto al segundo, no estamos pudiendo afrontar con la profundidad necesaria la definición de los aspectos relacionales (familiares, comunitarios...) a proteger, ni estamos siendo capaces de desarrollar mecanismos de intervención y evaluación estables en el tiempo y generalizables.

Por ello, creo que el primer paso es liberar al Sistema de ese primer grupo de funciones. Y aunque sé que estoy pidiendo un imposible (hay demasiadas presiones e intereses para mantener la simbiosis con las mismas), estoy persuadido de que de otro modo nunca superaremos nuestra crisis.

Esta necesaria redefinición conceptual del Sistema, que he definido otras veces como "Del cuarto pilar a la sexta pata" , ha de hacerse en el marco, como hemos señalado reiteradamente, de varias cuestiones:

  • Una Ley General de Servicios Sociales, que afronte la redefinición del Sistema dentro de la Política Social y lo armonice para todo el territorio.
  • La instauración de una Renta Básica Universal que garantice la supervivencia material de todas las personas sin más condición que la de existir y a partir de la cual se estructure el Sistema de Garantía de Ingresos.
  • El desarrollo de un Sistema de Vivienda que coordine todas las políticas en esta materia y garantice el derecho a la misma para todas las personas.
  • La creación de un auténtico Sistema de Atención Social Primaria suficientemente dotado en cuanto a profesionales, funciones y estructuras, que constituya la verdadera (y única) puerta de entrada al mismo.
  • La simplificación administrativa de todos los programas y prestaciones en todos los Sistemas de Protección Social.
A pocos días de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas los nuevos gobiernos que se constituyan poco podrán hacer para sacarnos de la crisis si no caminan en esta dirección.

Lo demás son cuentos chinos, como diría mi amigo Wang.





miércoles, 24 de abril de 2019

Paseos por la intervención social (III)

Seguimos esta larga caminata por las veredas de la intervención social, intentando comprender sus fracasos y sugerir alguna mejora.


En esto de la intervención social hay tres conceptos con los que uno se topa con frecuencia: son el diagnóstico social, el profesional de referencia,  y la prescripción social. Conceptos que creo que tendríamos que debatir, aclarar y revisar, más allá de lo aparente.

Sobre el primero de ellos, sin renegar de las necesarias categorizaciones (útiles a mi juicio para poder entendernos y menos para intervenir), creo que el diagnóstico debe ser compartido. No creo en los diagnósticos realizados por un único profesional. Considero que deben ser elaborados de forma conjunta por toda la red de profesionales que intervenga en cada caso e, idealmente, con la participación de la persona y su familia.

Pero más allá de eso, en los terrenos de la intervención social hay una fuerte disociación entre diagnóstico y tratamiento, sin que éste se derive necesariamente de aquel. Acceder a un recurso que presumiblemente pueda solucionar el problema depende en gran medida de la disponibilidad del mismo y frecuentemente de que una combinación entre azar y oportunidad lo permita. Por otro lado, los recursos a los que permite acceder un determinado diagnóstico, con demasiada frecuencia en nada sirven a la resolución de la problemática.

En mi práctica profesional me veo en muchas ocasiones con un diagnóstico elaborado en equipo, realizado con tiempo y profundidad que, en sí mismo, no sirve para nada. Tras realizarlo, viene la segunda parte: hacerlo valer ante la red de servicios sociales especializados y ante otros sistemas públicos de protección social que (con honrosas excepciones) mantienen una actitud defensiva ante el diagnóstico expuesto. La deslegitimación del diagnóstico (cuando no la desconfirmación de quien lo ha realizado) es demasiado frecuente en nuestra práctica. E insoportable cuando se realiza desde intereses espurios o desde la incompetencia técnica, que, dicho sea de paso, también es muy habitual encontrar.

Lo cual nos lleva, continuando el paseo, a los otros dos temas que he nombrado. Se reclama con mucha frecuencia la prescripción social para los profesionales, pero a mi juicio eso tiene algunos problemas. Por un lado se circunscribe la prescipción social al paradigma necesidades-recursos: hay una necesidad objetiva e inequívoca que se diagnostica y se prescribe por tanto el recurso que la soluciona. Ello supone un empobrecimiento de la función profesional, aproximándola a esa "expendeduría de recursos" que tantas veces hemos denostado pero que a veces parecemos reclamar como función identitaria propia.

Hablar de prescripción social en estos términos a mi juicio constriñe la intervención profesional y, como he expuesto en varias ocasiones, sustituye la función de "establecer relaciones de ayuda" por la de "establecer relaciones para dar ayuda(s)"

Y el otro concepto problemático es el del profesional de referencia. Muchas leyes incluyen el término, reclamando que toda persona destinataria de la intervención social tenga un único profesional de referencia que realice el seguimiento y garantice la coordinación de las actuaciones dentro del sistema.

Se reclama del mismo modo que ese profesional sea del Trabajo Social. Estoy de acuerdo, pero más que de del profesional que se trate o de las funciones que se le atribuyan debiéramos preocuparnos por la capacidad para desarrollarlas. Más claramente: por el poder que tenemos para desarrollarlas.

De nada vale la legitimación si no se acompaña del prestigio, respeto y poder para la función.

Por ejemplo, dentro del sistema sanitario, si yo ando con un problema de salud, el único modo de
acceder a un especialista es a través del médico de atención primaria, quien debe diagnosticar, evaluar la necesidad y derivarme. A pesar de todas las proclamas y normas, ello no ocurre en el sistema de servicios sociales. El acceso directo a los servicios especializados no sólo es posible, sino muy frecuente y, en otras muchas ocasiones, el paso por los servicios sociales de atención primaria es meramente protocolario o instrumental.

Y con estos conceptos que creo que habría que revisar, termino por ahora este paseo por la intervención social recordando otro de los proverbios chinos que utiliza Wang y que creo que es muy de aplicación en esto de la intervención social.

Dice así "En el agua demasiado pura, no nadan los peces".

Nos vemos en el camino.




domingo, 14 de abril de 2019

Paseos por la intervención social (II)

En la entrada anterior paseabamos por un aspecto de la intervención social que me parecía crucial: el liderazgo. Antes de encontrarnos con el resto de aspectos que os anticipé y que me parecen igual de importantes, tal vez sea necesario ponernos mínimamente de acuerdo en qué es esto de la intervención social.


Comenzaré planteando que, para mí, desde el Trabajo Social distinguir entre intervención social e intervención psicosocial tiene poca relevancia pragmática. Nuestra disciplina ha desarrollado suficientemente el objeto de la profesión en torno al sujeto, a su contexto y a la interacción entre ambos, por lo que los factores psicológicos, relacionales y sociales se encuentran tan fuertemente imbricados para nosotros que no podemos dejar de considerar a ninguno de ellos en nuestras intervenciones.

De modo que hablaré de intervención social o intervención psicosocial de modo indistinto. Dejo los debates sobre a "quién" le compete "qué", (que por otro lado me aburren soberanamente y en muchas ocasiones me parecen insoportablemente infantiles) para aquellos que sientan la necesidad (legítima por otra parte) de defender el "trozo de pastel" que sientan como suyo en esto de la intervención social. En el mundo complejo en el que nos movemos, la hiperespecialización de las disciplinas va en contra de la transdisciplinariedad que consideramos necesaria para comprenderlo y actuar para cambiarlo.

Dicho lo cual, para definir el concepto de intervención social utilizaremos el artículo "Repensando la intervención social", de Fernando Fantova en la Revista Documentación Social.

En el mismo, define la intervención social como una actividad que se realiza
  • de manera formal u organizada, 
  • intentando responder a necesidades sociales
  • y, específicamente, incidir significativamente en la interacción de las personas
  • aspirando a legitimación pública o social.
En el artículo se explican muy bien cada uno de los apartados, y os recomiendo que lo leaís completo, pues sugiere muchos aspectos que nos llevarían mucho tiempo desarrollar.

Por mi parte, voy a centrarme en el ámbito donde debe desarrollarse la intervención social definida de esta forma.

Aunque no de modo exclusivo, considero que el lugar privilegiado donde ha de desarrollarse la intervención social es el Sistema de Servicios Sociales.

El Sistema de Servicios Sociales debe garantizar la CONVIVENCIA entre las personas, proporcionando o reparando los entornos convivenciales y normalizando las relaciones familiares, sociales y comunitarias de manera que todas las personas puedan desenvolverse autónomamente.

Desde ahí, todas las problemáticas que afecten a la convivencia deben ser tratadas por el Sistema de Servicios Sociales. El resto de actores, basicamente otros sistemas públicos de protección social y entidades de iniciativa social, sólo deberían intervenir de forma complementaria y bajo la dirección y supervisión del primero.

Hago la salvedad del Sistema de Salud, pues son tantas las intersecciones y factores comunes entre la Salud y lo Social que probablemente la intervención social deba también ser desarrollada en éste. Lo cual requeriría de una coordinación entre ambos sistemas, que por razones que no vienen al caso ahora, no puede establecerse con la profundidad necesaria para garantizar de modo adecuado la intervención.

El problema es que, al margen de la salvedad citada,cualquiera se siente legitimado para realizar una intervención social. Lo social es un territorio tan vasto e indefinido que todo el mundo puede intervenir en él. Cualquier entidad (pública o privada) puede identificar una necesidad o problemática social (individual o colectiva) y poner su estructura al servicio de desarrollar un programa o proyecto de intervención.

Planificar y coordinar tan variadas actuaciones (tan dispares en cuanto a lógicas y a motivaciones como dispares son las instituciones que las sustentan) es una tarea, nunca mejor dicho, de chinos. Tarea que debería afrontar el fragmentado, confuso y débil Sistema de Servicios Sociales, pero que no puede hacer mientras no adquiera una legitimidad diferente (que no se espera) y mientras no se halle tan ocupado en otras tareas como la de paliar la pobreza y recoger la exclusión que otros expulsan.

El resultado son intervenciones sociales caóticas, cuya eficacia para resolver las problemáticas que pretenden depende más de la suerte que de la calidad de la intervención y que con frecuencia, en lugar de resolverlas las empeoran.

Y es que, como dice otro proverbio que Wang utiliza con frecuencia "para quien no sabe donde ir, todos los caminos sirven".