miércoles, 12 de febrero de 2020

Ensayo sobre la sordera


Con frecuencia recibo críticas del panorama que describo sobre los Servicios Sociales y/o el Trabajo Social. Suelen acusarme de ser demasiado pesimista, de hacer diagnósticos demasiado pesados, que desaniman más que alientan. En ocasiones me dicen que no valoro las fortalezas del sistema, o las partes que están funcionando bien. Que mis análisis dejan todo demasiado cerrado, sin margen para el cambio.

 

Admito todas esas críticas, comentarios y acusaciones. Podría decir que en parte es culpa de Wang, pero no sería justo. Es responsabilidad mía y voy a intentar aclarar algunas cosas.
  
El tono que suelo utilizar con frecuencia en el blog es premeditadamente crítico. Lo utilizo como estrategia para llamar la atención sobre las cosas que creo que hay que debatir, reflexionar o cambiar. Es una especie de “manotazo en la mesa” para generar un ruido y aprovechar el silencio posterior para la reflexión y el debate.  

También lo hago en contraposición a toda una corriente de “buenismo” que describe en muchas ocasiones el Trabajo Social y los Servicios Sociales como una especie de héroes que construyen un mundo mejor. A veces encuentro definiciones de auténtica vergüenza ajena.  
Por otra parte me siento legitimado para denunciar la quiebra del sistema. Más de treinta años de ejercicio profesional (creo que comprometido), me dan una visión suficientemente real de los límites del sistema y de sus múltiples carencias en la protección social. Sin este compromiso, con el cual asumo también mi parte de responsabilidad en el problema, no me atrevería a plantear la crítica en los términos que la hago.
 
Reflexiono sobre todo esto al hilo del informe que el relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, ha realizado tras su visita a nuestro país, informe en el que parece que critica el sistema de protección social en España, calificándolo como “roto” y denuncia la desigualdad en nuestro país, acusando a la clase política de “fallar” a los más vulnerables. Os dejo un enlace a una estupenda entrada de nuestra compañera Belén Navarro al respecto.

 Digo “parece” porque no he leído el informe. No me hace falta. Hace muchos años que venimos señalando y denunciando la ruptura del sistema de protección social en nuestro país. Hace muchos años que me leo los informes de la Fundación FOESSA o los de Cáritas, donde por ejemplo hace más de veinte años que alertaban de la presencia de ocho (¡ocho!) millones de pobres en nuestro país. También los informes de la EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), alertando de lo mismo. O incluso los de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España señalando las carencias en la protección social de diversos colectivos (dependientes, familias en crisis, personas sin hogar…) 
 
Y en línea con mi estilo en el blog, os puedo decir desde ya que el informe de este relator no va servir para nada. Como de nada han servido los anteriores informes que he nombrado. 
 
La principal característica de la clase política en nuestro país es su sordera y una absoluta impermeabilidad para solucionar los problemas de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. 
Tal vez un poco de maquillaje. Medidas más efectistas que efectivas. Es todo lo que podemos esperar. 
Las razones del fracaso de la política en estos asuntos son variadas y complejas. Yo pienso que muchas de ellas se anclan en nuestra cultura. Constituimos una sociedad que, en el fondo, piensa que el pobre es pobre porque quiere, porque se lo merece o porque ha hecho algo mal. Y de ese pensamiento está imbuida toda la administración y, naturalmente, la clase política que la dirige.  

Por ello no hay políticas valientes y contundentes de lucha contra la pobreza o de protección a los sectores vulnerables. En el fondo pensamos que no se lo merecen.

Combinemos todo esto con la ideología neoliberal que todo lo envuelve y el pensamiento cada vez más arraigado de que el individuo todo lo puede y que cada cual debe “sacarse sus propias castañas del fuego”.

Razones más que suficientes como para pensar que, cuando venga el próximo relator de la ONU a analizar nuestro país, tal vez dentro de diez o veinte años, emitirá un nuevo informe cuyo diagnóstico seguirá siendo el mismo: la protección social en nuestro país está rota, ni se la vé, ni se la espera.




martes, 4 de febrero de 2020

Joker

No, no voy a hablar de la famosa película tan de moda últimamente. Voy a hablar del modelo de política y protección social al hilo de algunas reflexiones y diálogos que hemos tenido en otros foros donde me resulta complicado argumentar y profundizar.

 
Partimos de que, a mi juicio, el modelo actual de política social en España está muy consolidado. Se caracteriza por: 
               un par de sistemas públicos de protección social bastante definidos y universalizados (Educación y Sanidad), lo cual por otra parte no les hace inmunes a los problemas 
              una política para garantizar la subsistencia material fragmentada entre el Sistema de Pensiones o Seguridad Social, el Sistema de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales 
              unos sistemas de empleo y de vivienda no universalizados y que no garantizan los bienes que debieran proteger 
              una presencia del Sistema de Servicios Sociales como residual, fundamentalmente ocupado en atender las carencias de los demás sistemas
Este modelo apenas está en cuestión. Hoy, no forma parte del debate político ni ciudadano. Apenas se encuentra en ámbitos académicos y tan sólo hay algunas posturas críticas (lejos de ser mayoritarias), en algunos niveles técnicos.

En ese sentido podríamos decir que es una elección bastante estable y que, en cierto modo, hay cierto grado de satisfacción con ella. No se atisban reformas legislativas de calado en el “status quo” conseguido y a nivel organizativo y estructural nadie propone cambios profundos.

Sobre las repercusiones en el Sistema de Servicios Sociales, hemos hablado reiteradamente de ellas. Fundamentalmente ese papel residual (o de última red) está impidiendo que se desarrollen otras funciones más allá de las asistenciales y que tienen que ver con toda una pléyade de cuestiones relacionales y convivenciales a las que apenas se está dando una respuesta coherente y estructurada. Lo cual tampoco parece importar demasiado a nadie, por otra parte, más allá de algunas respuestas reactivas a alguna problemática “emergente”.

Al mismo tiempo, la carta del comodín que supone que los Servicios Sociales se responsabilicen al final de los problemas permite que en el juego de la política social se hagan trampas y se diga que están garantizados una serie de derechos cuando en realidad no lo están. No pueden estarlo si el resto de sistemas (en sus niveles políticos, organizativos y técnicos) no asumen la responsabilidad y se permiten dejar de atender personas y situaciones en la confianza de que ya lo hará esa última red. O lo que es más grave, definiendo que esa es principalmente su función.

Así, es innegable la ventaja de tener una red de servicios sociales con este encargo asistencial y residual. De la misma manera que es muy ventajoso mantener esa red con un componente importante de confusión e indefinición. Si se define se delimita y poner límites implica asumir que hay que cambiar prioridades y funciones, tanto en un sistema como en los restantes. Por eso es mejor no definir y tener un sistema que pueda encargarse de todo, aunque sea de cualquier manera, aunque suponga sobrecargar sus estructuras y profesionales.

Por eso opino que las cosas no van a cambiar sustancialmente. Es el sistema que hemos elegido para la protección social en España y hay demasiados actores que, dadas sus innegables ventajas, piensan que es el mejor de los sistemas posibles. 
En el fondo todos sabemos que para hacer trampas es mejor tener un joker.